La jefa de la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Biobío enfrenta un proceso disciplinario después de que la Contraloría General de la República la vinculara a una nómina de funcionarios públicos que habrían realizado apuestas en casinos, contraviniendo la normativa de probidad para quienes administran fondos fiscales.

El sumario administrativo fue instruido este lunes 13 de abril de 2026, luego de que el organismo fiscalizador remitiera un oficio al GORE Biobío con los antecedentes de la funcionaria, cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente. Según el documento de la Contraloría, la jefa de la DAF figura entre los servidores públicos que habrían participado en actividades de apuestas en casinos, pese a ocupar un cargo directamente relacionado con la custodia y administración de recursos públicos.

La medida se enmarca en la investigación mayor que la Contraloría lleva adelante desde marzo, cuando reveló que 910 funcionarios públicos y municipales infringieron la prohibición legal al realizar transacciones en casinos por un monto total que supera los 11 mil millones de pesos entre enero de 2024 y junio de 2025. Los casos detectados corresponden a 371 entidades públicas, incluyendo Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades.

La prohibición legal

El artículo 10, letra b) de la Ley N° 19.995, conocida como Ley de Casinos, establece que los funcionarios públicos y municipales que tienen la custodia o administración de fondos públicos están prohibidos de realizar cualquier tipo de apuestas en casinos de juego, ya sea directa o indirectamente. La interpretación de “custodia de fondos públicos” es amplia y abarca no solo a tesoreros, sino también a jefaturas y máximas autoridades de los servicios.

La Contraloría ha subrayado que esta prohibición busca proteger la probidad administrativa y resguardar el erario nacional, evitando que quienes manejan fondos públicos se vean expuestos a cometer fraudes o malversaciones. Las infracciones conllevan sanciones que pueden incluir multas, la terminación del contrato de trabajo o la destitución, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales.

Proceso en desarrollo

Desde el Gobierno Regional del Biobío indicaron que el sumario responde a una instrucción de la Contraloría, en el marco de sus facultades de control sobre el correcto actuar de los funcionarios públicos. La investigación buscará establecer si existió infracción a la normativa que regula la probidad administrativa, considerando la naturaleza del cargo y su vinculación directa con la gestión de fondos fiscales.

“El sumario buscará establecer si existió infracción a la normativa que regula la probidad administrativa, considerando la naturaleza del cargo y su vinculación con la gestión de fondos fiscales”, señalaron desde el GORE Biobío a través de un comunicado.

Por ahora, la investigación se encuentra en desarrollo y se espera que, una vez finalizada, se definan las eventuales sanciones correspondientes. Los antecedentes también han sido remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Superintendencia de Casinos de Juego, como parte del procedimiento estándar en estos casos.

Contexto nacional

El caso del Biobío se suma a una serie de sumarios administrativos que se han iniciado en distintas reparticiones públicas tras la revelación de la Contraloría sobre los 910 funcionarios infractores. La investigación del organismo fiscalizador cruzó datos de transacciones en casinos con nóminas de servidores públicos, identificando a quienes, pese a la prohibición expresa, realizaron apuestas mientras ejercían cargos de confianza fiscal.

La Fuerza Aérea de Chile, por ejemplo, ya anunció en marzo que indagaría a sus funcionarios vinculados a la nómina, con el propósito de adoptar medidas disciplinarias. Similar proceso se espera en otras instituciones mencionadas en el informe.

Para la Contraloría, estos casos representan una vulneración grave a los principios de probidad, especialmente cuando involucran a funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la administración de recursos que pertenecen a todos los chilenos. El organismo ha reiterado que continuará con la fiscalización y que los sumarios instruidos son solo el primer paso en un proceso que podría derivar en sanciones más severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Fuente: Contraloría General de la República, Ley N° 19.995