Hay un número que el gobierno de Kast no va a mencionar cuando salga a anunciar los embargos. Entre 2006 y 2023, el Fisco chileno le pagó a la banca privada 7,25 billones de pesos para recomprar créditos vencidos del CAE. Esa cifra equivale, casi exactamente, a la deuda total vigente del sistema.

El Estado ya pagó la deuda entera una vez. Y la sigue pagando. Y ahora, además, viene a embargarle los bienes a quien no pague la suya.

Eso no es cobrar una deuda. Es cobrarla dos veces. Una a los contribuyentes. Otra a los estudiantes.

El CAE cumple en 2026 dos décadas de existencia. En ese tiempo ha conseguido algo notable: ser un sistema donde todos pierden, excepto los bancos. Los estudiantes se endeudaron. El Estado avaló. La banca cobró con recargo —en algunas operaciones el sobreprecio llegó al 69%—. Cuando los deudores no pudieron pagar, el Fisco recompró la cartera a un precio mayor del que valía. Las instituciones financieras nunca asumieron el riesgo que el sistema fingía que asumían. El riesgo siempre fue del Estado. Las ganancias siempre fueron de la banca.

Eso no es un accidente. Es el diseño.

Lo que en 2005 se vendió como una solución ingeniosa —usar la intermediación financiera privada para ampliar el acceso a la educación superior— era en realidad una forma de privatizar la ganancia y socializar la pérdida. Los bancos entraron a un negocio donde el Estado cubría las caídas. Las universidades privadas —muchas de ellas lucrativas de hecho aunque no de derecho— tenían todo el incentivo para matricular más y ninguno para preocuparse de la empleabilidad de sus egresados. El CAE les pagaba el arancel igual. El resto era problema del estudiante.

Y del Fisco.

Hoy hay 993.000 personas que figuran como deudoras del CAE. Dos de cada tres están en mora. El 70% de quienes deberían estar pagando gana menos de 750.000 pesos al mes. El 38% gana menos de 250.000.

No son personas que decidieron no pagar porque les da lo mismo. Son personas que estudiaron porque les dijeron que era el camino, que se endeudaron porque era la única forma de llegar, y que hoy no pueden pagar porque el mercado laboral al que llegaron no tenía el ascenso prometido.

La morosidad del 68% no es una crisis moral. Es el diagnóstico de un sistema que le vendió ascenso social a personas que el modelo económico iba a dejar igual de abajo.

Kast tiene razón en algo técnicamente menor: hay cerca de 1.800 deudores con sueldos brutos sobre cinco millones de pesos al mes que llevan años sin pagar. Es razonable cobrarles. Probablemente muchos de ellos estaban esperando una condonación que no llegó y que tampoco necesitaban. Pero el gobierno no está hablando solo de ellos. El plan apunta a todos los deudores sobre 1,5 millones brutos mensuales —una deuda combinada de 800 millones de dólares— y la ministra de Educación no descarta publicar la nómina pública de morosos. Como si la vergüenza fuera política pública. Como si el estigma resolviera lo que el diseño rompió.

Boric entendió que el sistema era insostenible. El problema es que prometió más de lo que podía cumplir, y lo prometió de una manera que causó daño concreto.

Cuando un presidente dice que va a perdonar una deuda sin tener los votos para hacerlo, no está haciendo política: está sembrando una expectativa que alguien más va a tener que desinflar. La morosidad subió del 48% al 68% durante su gobierno. Una parte de ese salto —no toda, pero una parte real y documentada— se explica por el efecto de la promesa: cientos de miles de personas dejaron de pagar esperando el perdón que nunca llegó. Hoy tienen una deuda más grande, intereses acumulados, y un gobierno que viene con embargos.

Boric no creó el CAE. Pero su promesa grande, su negociación lenta y el FES que murió en el Senado dejaron a sus propios beneficiados en una posición peor que la que tenían antes.

Kast recoge ese desastre y lo convierte en relato. El endurecimiento del cobro le sirve a su narrativa fiscal, le permite instalar la imagen del Estado serio frente al irresponsable que no paga, y le cuesta relativamente poco porque los 1.800 morosos de alto ingreso son un blanco políticamente cómodo. El problema es que esa narrativa confunde los síntomas con la enfermedad. Cobrar más fuerte no cambia el hecho de que el Estado lleva veinte años financiando las ganancias de la banca a costa de los estudiantes más pobres del sistema.

Chile tiene una pregunta pendiente que ninguno de los dos gobiernos recientes quiso enfrentar con honestidad: ¿tiene sentido seguir operando un sistema en el que el Estado asume el riesgo de no pago, financia la ganancia de los bancos, y luego le cobra la deuda a las personas con menos capacidad de pago del país?

La respuesta es no. Pero esa respuesta exige algo que requiere más coraje que anunciar embargos: decirle a la banca que este negocio se terminó, y construir un mecanismo de financiamiento público que no dependa de la intermediación financiera privada para que alguien pueda ejercer un derecho.

Mientras tanto, los 1.800 morosos de sueldo alto servirán de pantalla. Se les embargará con fanfarria y cobertura de prensa. La narrativa quedará instalada. Y los 650.000 morosos que ganan menos de 750.000 pesos al mes seguirán debiendo una deuda que contrajeron a los dieciocho años, con la información que tenían a los dieciocho años, porque era la única puerta que el sistema les dejó abierta.

El CAE no es una deuda educativa. Es el precio de haber decidido, hace veinte años, que en Chile el derecho a la educación superior valía exactamente lo que la banca quisiera cobrar por él.

Eso es lo que habría que embargar.