El Segundo Tribunal Ambiental anuló la RCA favorable del proyecto de US$ 3.200 millones de Collahuasi y ordenó al SEA rehacer una parte clave de la evaluación por falencias en el análisis sobre comunidades indígenas y medio marino.

La sentencia, publicada el 15 de mayo, acogió una de las reclamaciones contra la aprobación del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”. El fallo concluyó que la resolución impugnada no fundamentó de manera suficiente varias observaciones ciudadanas y dejó incompleto el examen de impactos relevantes.

El tribunal ordenó retrotraer el procedimiento para elaborar un nuevo ICSARA y volver a evaluar materias acotadas. Entre ellas, el uso del borde costero y del maritorio en Punta Patache y en el sector Puerto Collahuasi por parte de asociaciones indígenas de caleta Chanavaya, además de la eventual necesidad de una consulta indígena.

En el componente marino, la sentencia cuestionó la revisión técnica de la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino y el alcance del plan de vigilancia ambiental de la desaladora. Según el tribunal, ese plan cubría solo los primeros cinco años de operación, aunque la plena operación de la planta estaba prevista desde el octavo año.

El proyecto ingresó al SEIA en enero de 2019 y obtuvo una RCA favorable en diciembre de 2021. Luego, el Comité de Ministros rechazó reclamaciones administrativas en agosto de 2023 y también se desestimaron solicitudes de invalidación en enero de 2024. Esa secuencia terminó en las acciones judiciales que ahora obligan a reabrir parte del análisis.

La iniciativa busca sostener la continuidad operacional de Collahuasi durante las próximas dos décadas mediante nueva infraestructura eléctrica e hídrica, incluida una planta desaladora de 1.050 litros por segundo para reducir el uso de agua continental en la faena.

El fallo no elimina todo el expediente, pero sí pone un freno relevante a uno de los proyectos mineros más grandes en curso en el norte del país. También deja una señal en medio del debate por la permisología: los tribunales están exigiendo mejor fundamentación ambiental y revisión seria cuando hay eventuales impactos sobre comunidades indígenas y ecosistemas marinos.

Fuente: Segundo Tribunal Ambiental, sentencia sobre el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, 15 de mayo de 2026.