Chile enfrenta el riesgo de incumplir su meta de Balance Estructural (BE) por cuarto año consecutivo, según advirtió este jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su informe trimestral. El organismo técnico e independiente detectó que las propias proyecciones del gobierno contemplan un gasto que supera ampliamente los ingresos estimados, y atribuye el problema a una sobreestimación crónica de la recaudación.

Los números que preocupan

Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), en 2026 los ingresos efectivos alcanzarían el 22% del PIB y los ingresos estructurales el 21,2% del PIB. El gasto total proyectado, en cambio, llega al 23,8% del PIB. El resultado es un balance fiscal efectivo de -1,8% del PIB y un Balance Estructural de -2,7% del PIB, muy por encima de la meta legal de -1,1% del PIB.

La diferencia equivale a US$6.313 millones, casi 1,6% del PIB, lo que implicaría mayores necesidades de financiamiento externo para el Estado.

Errores sistemáticos en la proyección de ingresos

El CFA no solo advierte sobre el escenario de 2026: documenta un patrón de años. Entre 2018 y 2024, excluyendo el período pandémico, los ingresos tributarios no mineros fueron sobreestimados en promedio en un 0,91% del PIB por año. En 2025, el déficit estructural llegó al -3,6% del PIB —el mayor registrado en Chile fuera de una crisis o evento excepcional, según el propio consejo.

El organismo señala que las proyecciones para este año contemplan nuevamente crecimientos “elevados” de la recaudación en relación con la actividad económica esperada, lo que introduce “incertidumbre sobre su cumplimiento efectivo”.

El peso del gasto y los riesgos externos

Entre los factores de presión, el CFA identifica la Ley del Sector Público, que implica desembolsos significativos sin financiamiento completamente identificado. A eso se suma el impacto de la guerra en Medio Oriente, que mantiene el precio del petróleo elevado, presiona la inflación y reduce el espacio fiscal disponible.

Lo que pide el CFA

El consejo llama a un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso para alinear los gastos permanentes con fuentes de financiamiento también permanentes. Las medidas propuestas incluyen mayor crecimiento potencial, reducción de evasión y elusión tributaria, nuevas fuentes de ingresos estructurales y ajustes en el gasto público.

La advertencia llega en un momento políticamente sensible: el gobierno de Kast enfrenta cuestionamientos tras el uso del concepto “Estado en quiebra” por parte de funcionarios, una expresión que luego tuvo que desmentir públicamente.