Un censo del Consejo para la Transparencia detectó que casi ocho de cada 10 encargados de responder solicitudes de información en el Estado cumplen esa labor sin dedicación exclusiva, una señal de la fragilidad con que operan muchas unidades obligadas por ley a transparentar su gestión.

El levantamiento, elaborado sobre 1.110 instituciones públicas, obtuvo 955 respuestas, equivalentes a una tasa de 85,9%. Entre quienes contestaron, el 34,1% dejó esta función en manos de una sola persona y otro 29,3% la asignó a dos funcionarios.

La presión es todavía mayor en el nivel municipal. El informe consigna que el 44,3% de las municipalidades, el 45,3% de las corporaciones municipales y el 65,7% de las asociaciones municipales concentran esta tarea en un solo encargado, pese a ser entidades especialmente expuestas a requerimientos ciudadanos.

El diagnóstico también muestra que la institucionalidad existe muchas veces solo en el papel. Aunque el 93,5% de los organismos declara tener una unidad, dependencia o persona a cargo de transparencia activa, un 33,7% reconoce que no cuenta con un acto administrativo que formalice funciones y responsabilidades. En carga horaria, el 57,1% dedica entre una y 10 horas semanales a esta labor, mientras solo el 21,2% supera las 30 horas por semana.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, sostuvo que el estudio permite mirar “por dentro” cómo está funcionando el sistema y advirtió que las obligaciones legales no bastan si los servicios no asignan equipos ni capacidades reales para responder en plazo y forma. El informe aparece mientras sigue detenido en el Senado el proyecto que busca modernizar la Ley de Transparencia.

Según la memoria institucional 2025 del propio Consejo, en Chile se presentan cerca de 300 mil solicitudes de información al año.

Fuente: Consejo para la Transparencia, Censo de sujetos obligados (2025) y memoria institucional 2025.