La Contraloría autorizó de forma excepcional y transitoria que los municipios financien elementos de protección para alcaldes, concejales y funcionarios amenazados, pero solo si existen denuncias concretas, respaldo técnico y caja disponible.

El criterio quedó fijado en el dictamen N° D262/2026, emitido este martes por la Contraloría General de la República. El órgano sostuvo que las municipalidades pueden adquirir implementos de seguridad cuando exista un riesgo acreditado para autoridades o trabajadores y la medida esté justificada por informes de organismos competentes o por disposiciones del Ministerio Público.

La autorización no es abierta ni permanente. Según el pronunciamiento, la compra debe ser excepcional, transitoria y limitada al tiempo en que subsista la amenaza. Además, cada municipio deberá financiarla con su propio presupuesto, sin que el dictamen implique recursos extra desde el nivel central.

Qué condiciones fijó la Contraloría

La CGR estableció que no basta una decisión política del alcalde o del concejo. Para activar la compra de protección deberán existir amenazas concretas denunciadas y una evaluación técnica fundada de policías competentes o una medida dispuesta por la Fiscalía.

El dictamen también extiende este criterio a concejales y funcionarios municipales cuando la amenaza derive del ejercicio de sus funciones. En el caso de los concejales, la Contraloría recordó que, aunque no tienen la calidad de funcionarios en sentido estricto, el municipio debe facilitar condiciones adecuadas para que puedan cumplir su labor con seguridad.

La resolución aparece en medio de una agenda cada vez más tensionada por amenazas contra autoridades locales, especialmente en comunas con presencia de crimen organizado o conflictos de alta exposición pública.

Fuente: Contraloría General de la República, dictamen N° D262/2026 (2026)