El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional tras una reformalización en que la Fiscalía elevó a $105,5 millones el perjuicio fiscal investigado y obtuvo 60 días más para seguir indagando.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó además la prohibición de que el parlamentario se comunique con dos coimputados, en una causa por fraude al Fisco ligada a asesorías parlamentarias presuntamente inexistentes cuando Calisto era diputado.

Según la Fiscalía Regional de Aysén, los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2022. La imputación sostiene que Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graff Toledo para obtener recursos públicos mediante la contratación de esta última como asesora, pese a que no habría prestado servicios reales.

El Ministerio Público añadió que el dinero recibido por Graff habría beneficiado a Cárcamo, al entonces diputado Calisto y a terceros vinculados a un partido político. Entre los imputados también figura Felipe Klein Vidal.

La causa ya no se limita a la arista original del Congreso. La Fiscalía recordó que en marzo agrupó otras dos investigaciones por fraude al Fisco vinculadas a fondos concursables del 8% del FNDR del Gobierno Regional de Aysén, con un modo de ejecución similar y montos que superan los $32 millones.

La presión judicial sobre el senador ya había subido en abril, cuando la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó medidas cautelares reales sobre un departamento y una bodega del parlamentario en Providencia para resguardar eventuales responsabilidades civiles.

La reformalización de este domingo agrava el cuadro político de Calisto: no solo subió el monto atribuido por la Fiscalía, también quedaron vigentes restricciones personales contra un senador en ejercicio mientras la investigación sigue creciendo.

Fuente: Fiscalía de Chile y Poder Judicial (2026)