El Senado aprobó en general el proyecto que endurece y acelera las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular, en medio de un rezago oficial que supera los 44 mil casos pendientes.

La iniciativa pasó la votación general con 35 votos a favor y uno en contra. Ahora abrió plazo de indicaciones hasta el 29 de abril y seguirá su discusión en particular.

Según la información oficial del Senado, el proyecto modifica la ley 21.325 para facilitar la ejecución de expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros mayores de 18 años en condición migratoria irregular.

Entre los cambios más sensibles, se amplía la facultad del Subsecretario del Interior para dictar expulsiones por razones de orden público y se habilita a la PDI, con autorización previa, para ingresar al domicilio de una persona con orden de expulsión y aprehenderla, con control posterior de legalidad por parte de la Corte de Apelaciones respectiva.

La propuesta también endurece la prohibición de reingreso al país. Si la expulsión la dicta el director del Servicio Nacional de Migraciones, el plazo mínimo sube de tres a cinco años. Si la dicta el Subsecretario del Interior, la prohibición podrá ir de cinco a diez años.

El argumento de quienes respaldaron la reforma es que el Estado necesita herramientas más rápidas para ejecutar órdenes que hoy se acumulan sin cumplirse. La senadora Beatriz Sánchez fue la única parlamentaria que votó en contra y advirtió que el texto puede profundizar la polarización.

La discusión seguirá abierta, pero el dato político ya está sobre la mesa: el Senado avanzó en una señal de mayor dureza migratoria mientras el Gobierno reconoce un stock de expulsiones pendientes que no ha logrado ejecutar.

Fuente: Senado de Chile, “Senado respalda en general perfeccionamiento del procedimiento de expulsión administrativa”, 8 de abril de 2026.