Una lista pública de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario expuso que quienes deben cobrar el CAE tienen también sus propias deudas impagas. La diputada republicana Claudia Reyes encabeza el listado con más de $38 millones pendientes.

En medio de la campaña del gobierno de José Antonio Kast para cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) a los deudores de mayores ingresos, una lista pública de morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario dejó en evidencia que ocho diputados y al menos seis autoridades del propio gobierno también aparecen con deudas impagas con el fisco.

El registro, que considera información vigente hasta diciembre de 2025, corresponde específicamente al Fondo Solidario —beneficio estatal para estudiantes de universidades del CRUCH— y no al CAE propiamente tal, cuya nómina de morosos es privada. Pero el contraste político es inmediato: el mismo gobierno que anuncia cobros judiciales contra deudores universitarios tiene a sus propios funcionarios y aliados en la lista.

La diputada republicana, al tope

La mayor deuda entre los parlamentarios la acumula Claudia Reyes, diputada del Partido Republicano —el partido fundado por el propio Kast—, con aproximadamente $38 millones pendientes con la Universidad Austral de Chile. Le sigue Nathalie Castillo (Partido Comunista), con $27,8 millones con la Universidad de La Serena, y Héctor Ulloa (independiente), con $18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

También figuran en la lista José Carlos Meza (Republicano), con $16,3 millones con la Universidad Católica de Valparaíso; Carolina Tello (Frente Amplio), con $12,9 millones con la misma casa de estudios; Emilia Nuyado (PS), con $6,2 millones con la Universidad de Los Lagos; Sara Concha (Partido Social Cristiano), con $1,5 millones; y Francisco Crisóstomo (PS), con $1,2 millones.

Autoridades del gobierno también deben

Entre los funcionarios designados por el ejecutivo, el caso más llamativo es el de Ricardo Figueroa, delegado provincial de Los Andes, quien registra una deuda cercana a los $40 millones con la Universidad de Chile. Figueroa acreditó haber firmado un convenio de pago. Además, figuran en el listado una delegada presidencial, dos delegados provinciales adicionales y tres seremis.

Kast llamó a “regularizar”

Ante la situación, el Presidente Kast hizo un llamado a las autoridades a ponerse al día con sus deudas para no perjudicar la imagen del gobierno. “Deben ser un ejemplo”, señaló. La declaración recuerda un dictamen de la Contraloría del año 2014 —impulsado por el entonces diputado Kast— que establecía que las deudas impagas con fondos estatales podían constituir una infracción a la probidad administrativa si generaban desprestigio institucional.

El timing no es menor: el gobierno anunció hace pocos días que notificará a partir de abril a 1.800 personas con sueldos superiores a $5 millones que adeudan el CAE, buscando recuperar unos US$20 millones. La revelación de que los propios aliados del ejecutivo también tienen deudas pendientes agrega tensión al debate.

Fuentes: Emol, The Clinic, BioBioChile, La Cuarta