El Presidente presentó la iniciativa como parte del proyecto de “Reconstrucción Nacional”. El debate sobre su impacto en las finanzas municipales ya está instalado: el impuesto territorial representa el 54% del Fondo Común Municipal.

El Presidente José Antonio Kast retomó durante la semana pasada uno de los ejes centrales de su programa de gobierno: la reforma al impuesto territorial. En el marco de su visita a la Región del Biobío, donde presentó el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” —que agrupa más de 40 medidas—, anunció un primer paso hacia la eliminación gradual de las contribuciones: eximir del pago a los adultos mayores por su primera vivienda.

“Para los adultos mayores, que son muchos, nos comprometimos a que la primera vivienda dejaría de pagar contribuciones. Nuestra primera medida, porque esto es paso a paso, es que los adultos mayores dejen de pagar sus contribuciones por la primera vivienda, porque es injusto”, afirmó el Mandatario. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reforzó el argumento: “El adulto mayor ha trabajado, ha ganado, ha pagado impuestos y ha cumplido; que viva tranquilo en su casa sin que llegue el recaudador”.

El problema para los municipios

La propuesta reavivó el debate sobre el impacto en las finanzas locales. El impuesto territorial es una de las principales fuentes de financiamiento municipal, representando cerca del 54% de los recursos del Fondo Común Municipal. Solo en el primer semestre de 2025, la recaudación por este concepto alcanzó los $797.951 millones, según la Tesorería General de la República.

Desde el mundo municipal las posturas están divididas. Los alcaldes Maximiliano Luksic (Huechuraba) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) advirtieron en una carta a El Mercurio que “las contribuciones siguen siendo un instrumento fundamental para el financiamiento local y para la equidad territorial”, aunque reconocen que el sistema actual puede generar cargas excesivas sobre quienes no han aumentado sus ingresos.

“El problema es que, en la práctica, una familia puede no haber vendido su casa, no haber aumentado sus ingresos y, aun así, enfrentar un alza sostenida en sus contribuciones simplemente porque el entorno urbano se valorizó. Ese fenómeno puede ser razonable en términos patrimoniales, pero muchas veces resulta injusto en términos de liquidez y capacidad real de pago”, plantearon.

La alternativa: el modelo californiano

En paralelo, en el debate interno municipal ha ganado terreno la idea de reformar el sistema antes que eliminarlo. Una de las referencias que circula es el llamado “modelo de California”, que propone anclar el cálculo del impuesto al valor de compra de la propiedad —no a los avalúos fiscales actualizados periódicamente— y limitar sus incrementos anuales a un tope fijo.

“Hay experiencias como el modelo de California, que fija el impuesto en base al valor de compra de la vivienda y limita sus alzas en el tiempo, evitando aumentos desproporcionados. Ese tipo de enfoques pueden ser un buen punto de partida, pero siempre adaptados a la realidad chilena y asegurando que los municipios sigan teniendo los recursos para responder a sus vecinos”, señaló el alcalde Alessandri.

El proyecto de ley del gobierno aún no tiene fecha de ingreso al Congreso y deberá enfrentar un complejo debate sobre cómo compensar a los municipios en caso de que la medida avance.

Fuentes: Declaraciones del Presidente Kast y ministro Quiroz en Biobío, carta de los alcaldes Luksic y Alessandri a El Mercurio, datos de la Tesorería General de la República.