Las nuevas cifras sobre licencias médicas irregulares no solo muestran abuso individual. Muestran algo peor: un Estado capaz de descubrir el fraude en masa y, aun así, demasiado lento para corregirse a sí mismo.

Cada cierto tiempo Chile descubre, con una mezcla de escándalo y resignación, que una parte del Estado se comporta como si lo público fuera una caja ajena. El nuevo capítulo viene en un formato particularmente indecente: miles de funcionarios con licencia médica que, al mismo tiempo, recibían ingresos desde otros trabajos. No estamos hablando de una avivada aislada ni del funcionario caricaturesco que se va de vacaciones mientras dice estar enfermo. Estamos frente a una escala de irregularidad que ya no describe solo a algunos pillos. Describe una cultura.

Las cifras ya son demasiado grandes como para refugiarse en el consuelo fácil de las excepciones. Contraloría detectó 6.311 funcionarios que percibieron ingresos de empleadores privados mientras se encontraban con licencia del sector público. También identificó 1.427 reincidentes en irregularidades ya observadas antes y vinculó estos casos a 48.682 licencias médicas. Entre ellos hay incluso personas que generaron ingresos mediante plataformas digitales mientras estaban con reposo. El problema, entonces, no es solo que exista fraude. El problema es que el aparato estatal parece haber aprendido a convivir con él.

Eso vuelve insuficiente la reacción moral automática. Por supuesto que hay una dimensión ética elemental: mentir para justificar una ausencia, cobrar sueldo público y al mismo tiempo trabajar en otra parte, abusar de un instrumento creado para proteger una enfermedad real, no es una falta menor. Pero si la discusión se queda ahí, en la indignación por el descaro individual, se pierde lo más inquietante. Lo más inquietante es la distancia obscena entre detectar la irregularidad y corregirla. Un Estado que ve masivamente la trampa y aun así demora meses, años o cientos de expedientes en reaccionar ya no es solo víctima del abuso. Es parte de la escena que lo vuelve posible.

Esa es la verdadera noticia. No solo que haya funcionarios abusando del sistema, sino que exista una burocracia que, incluso después de tener los datos, los cruces y la evidencia, sigue moviéndose con una parsimonia que roza la complicidad estructural. La reincidencia es, en ese sentido, el dato más humillante. Porque revela que no estamos ante un error puntual ni ante una pillería brillante imposible de detectar. Estamos ante conductas reiteradas en un ecosistema que castiga tarde, mal y a veces nunca. Cuando además aparecen instituciones como Integra, Junji, servicios de salud y la Universidad de Chile entre los focos visibles, cuesta seguir fingiendo que esto pertenece a una periferia desordenada del aparato público. El problema ya se instaló en zonas demasiado centrales como para tranquilizarse con la idea del caso aislado.

En Chile nos gusta imaginar al Estado de dos maneras igual de cómodas. A veces como un monstruo omnipotente que todo lo regula. Otras, como una pobre maquinaria desbordada que no da abasto. El caso de las licencias médicas irregulares desmiente ambas fantasías. El Estado sí tiene capacidad de mirar, cruzar información, emitir informes, abrir sumarios y nombrar el problema. Lo que no está mostrando con la misma claridad es capacidad de corrección. No falla solo por ceguera. Falla por debilidad disciplinaria.

Y esa debilidad tiene consecuencias más profundas que el monto defraudado. Cada licencia falsa deteriora la confianza en las verdaderas. Cada expediente que se empantana empuja a miles de personas honestas a concluir que en Chile la norma rige para los obedientes y la elasticidad para los vivos. Cada institución que no reporta avances suficientes en sus sumarios transmite la misma pedagogía miserable: aquí se detecta mucho más de lo que se corrige.

Ese es el costo político y moral de la permisividad administrativa. No se privatiza solo el dinero perdido. También se privatiza la credibilidad del sistema. Después nos preguntamos por qué crece el desprecio hacia lo público, por qué tanta gente habla del Estado como si fuera una maquinaria humillante, ineficiente o capturada. Bueno, porque demasiadas veces lo es. Y porque incluso cuando aparece un órgano de control que sí hace su trabajo, el resto del aparato parece reaccionar con la lentitud de quien espera que el escándalo baje antes de que llegue la sanción.

Conviene decirlo sin rodeos. Un Estado que no logra defender la integridad de sus licencias médicas no está fallando solo en una norma administrativa. Está fallando en algo más básico: en la idea de igualdad ante la regla. Porque mientras a un trabajador común se le exige justificar cada ausencia con temor a la sospecha, una parte del aparato público convierte la licencia en zona gris, y a veces en oportunidad.

La pregunta de fondo no es cuántos casos más aparecerán. La pregunta es si el Estado chileno quiere seguir funcionando como una máquina que detecta para archivar, o si va a atreverse a corregir en serio. Porque cuando la irregularidad se vuelve masiva, reiterada y administrativamente tolerada, la indulgencia deja de parecer mera ineficiencia. Empieza a parecer una forma de gobierno.