La indulgencia más cómoda con este gobierno consiste en llamarlo frío. Como si todo se redujera a insensibilidad, a dogma, a falta de empatía. Ojalá fuera solo eso. Sería más simple discutir con un gobierno indiferente que con uno que sí distingue, con bastante claridad, quién puede seguir tragándose el costo y quién merece alivio antes.

La semana pasada, el gobierno de José Antonio Kast enfrentó el alza histórica de los combustibles, retiró el proyecto de Ley General de Pesca que buscaba corregir parte del desequilibrio entre pesca industrial y artesanal, suspendió la tramitación de los sueldos de sus asesores para evaluar una rebaja de hasta 20% y, solo después de que el costo político subió, terminó ofreciendo una ayuda focalizada para parte de la pesca artesanal.

Miradas una por una, todas esas decisiones pueden defenderse. Juntas, cuentan algo más importante que su justificación técnica: revelan una manera de ordenar el país.

No creo que el patrón Kast sea la indiferencia pura. Sería más fácil criticarlo si lo fuera. El problema es otro: no estamos ante un gobierno que simplemente abandona a los que quedan abajo. Estamos ante un gobierno que ordena con claridad a quién deja absorber el golpe primero y a quién decide proteger antes.

Eso es más serio que la frialdad. Eso es jerarquía.

La ayuda anunciada para parte de la pesca artesanal obliga a decir las cosas con precisión. No sirve escribir que el gobierno no reaccionó. Sí reaccionó. Pero reaccionó tarde, de forma acotada y solo cuando el problema ya se había vuelto políticamente costoso. Y ese detalle no debilita la crítica: la vuelve más exacta.

Porque el punto no es si el Estado interviene o no. El punto es cuándo, por quiénes y bajo qué presión lo hace.

Mientras el combustible subía y golpeaba el margen de supervivencia de miles de trabajadores del mar, el gobierno retiraba una ley que al menos reconocía que el mercado pesquero chileno no parte desde una cancha neutral. Mientras los municipios de Valparaíso empezaban a organizarse por su cuenta para pedir congelamientos de tarifas y advertir sobre ollas comunes, La Moneda seguía actuando como si el tiempo social fuera más lento que el tiempo administrativo. Mientras tanto, para otras prioridades sí hubo velocidad: cobros a deudores del CAE de altos ingresos, gestos cosméticos de austeridad interna, administración del calendario para postergar el alza de la luz hasta julio.

No es ausencia de Estado. Es Estado selectivo.

Y un Estado selectivo siempre está diciendo algo sobre el país que cree gobernar.

Está diciendo quién puede esperar. Quién puede apretarse un poco más. Quién puede seguir absorbiendo el costo sin que el orden político se altere demasiado. Y está diciendo también quién merece una respuesta rápida porque sí tiene la capacidad de convertir su malestar en problema nacional.

Por eso esta no es, en el fondo, una discusión sobre combustibles ni solo sobre pesca. Es una discusión sobre el criterio con que se distribuye el daño.

Todos los gobiernos, incluso los más tecnocráticos, tienen una antropología moral. Todos cargan una idea —más o menos explícita— sobre qué dolores son tolerables, qué sectores son sacrificables y qué conflictos conviene prevenir antes de que se desborden. Kast también la tiene. Y empieza a verse con nitidez.

Su gobierno no parece ordenar la realidad desde la integración ni desde la promesa de ampliar protección. La ordena desde una convicción más áspera: que el costo social puede administrarse mientras no toque demasiado pronto el centro del poder.

Por eso rectifica, pero tarde. Por eso compensa, pero poco. Por eso actúa, pero de manera reactiva. No porque no vea el conflicto, sino porque primero prueba cuánto dolor puede soportar la periferia.

A eso me refiero cuando hablo de jerarquía.

No una jerarquía declarada, por supuesto. Ningún gobierno dice en voz alta que hay chilenos cuyo desgaste cuenta menos. Pero la política también habla por secuencia, por timing, por prioridad y por omisión. Y en esa lengua, el gobierno de Kast ya empezó a decir bastante.

El riesgo para Kast no es solo moral. También es político. Porque cuando un gobierno revela demasiado pronto a quién considera absorbible, lo que empieza a erosionarse no es solo su popularidad. Es su autoridad para pedir sacrificio.

Y no hay frase más peligrosa en una crisis que esa vieja orden chilena, dicha siempre hacia abajo y nunca hacia arriba: esperen un poco más.

Leonor Valdés es columnista de El Vigilante.