Hay frases que, sin quererlo, desnudan una época. La del Presidente José Antonio Kast esta semana pertenece a esa categoría: primero usará la facultad de indultar y después promoverá una reforma para cambiarla. Dicho de otro modo: primero ejercerá el poder discrecional; luego, quizá, discutirá si ese poder era demasiado grande.

La escena no solo es políticamente incómoda. Es intelectualmente reveladora.

Porque el problema de los indultos presidenciales en Chile no es solo quién podría recibirlos. Tampoco se agota en la contradicción de un mandatario que en campaña prometía dureza penal y hoy recuerda, con oportunismo jurídico, que la Constitución le reserva una herramienta de gracia. El problema de fondo es más antiguo y más profundo: en una república seria, una persona no debería tener la facultad de corregir por sí sola, desde La Moneda, lo que resolvió un tribunal.

Eso es lo que la política chilena se resiste a admitir. Discute el nombre del eventual beneficiado, pero no el vicio del mecanismo. Se indigna o se entusiasma según el color del gobierno de turno. Cambia de tono, pero no de lógica. Cuando el indulto favorece a los propios, aparece el argumento humanitario; cuando podría favorecer al adversario, se descubre de pronto la pureza de la separación de poderes. La consistencia, como suele ocurrir, llega tarde y por conveniencia.

Por eso el debate abierto estos días tiene una virtud inesperada. Obliga a formular la pregunta correcta: ¿por qué existe todavía esta atribución?

La moción ingresada al Congreso para eliminar los indultos presidenciales particulares acierta en un punto central al describir esta facultad como un resabio monárquico. La expresión no es una exageración retórica. Nombra bien el problema. El indulto particular pertenece a una tradición en que el poder político no solo gobierna: también perdona. No administra solamente reglas; reparte excepciones. No se limita a hacer cumplir la ley; se reserva el privilegio de suspenderla en casos escogidos.

Eso puede sonar compasivo. Incluso noble. Pero institucionalmente es una mala idea.

Una democracia madura no se construye sobre la esperanza de que el gobernante use bien sus prerrogativas extraordinarias. Se construye sobre algo más sobrio y más confiable: limitar esas prerrogativas para que nadie dependa de la prudencia, la simpatía o la agenda del príncipe de turno. Las buenas instituciones no suponen virtud heroica. Suponen desconfianza razonable.

Desde luego, existe una objeción atendible. Hay casos excepcionales. Situaciones humanitarias. Desproporciones evidentes. Rigideces del sistema penal que a veces exigen corrección. Todo eso es cierto. Pero precisamente por eso la respuesta no puede ser una firma presidencial. Si una sociedad quiere conservar una válvula extraordinaria, esa válvula debe ser técnica, transparente, fundada y colegiada. No una prerrogativa personal envuelta en cálculo político.

Lo más inquietante de este episodio no es que un Presidente quiera usar una facultad discutible. Lo más inquietante es la naturalidad con que nuestra cultura política sigue aceptando que el poder ejecutivo conserve atribuciones de soberano ilustrado: castiga por un lado, absuelve por otro y luego promete reformarse a sí mismo. Es una lógica de caudillo constitucionalizado. Y, en el fondo, revela cuánto nos cuesta todavía tomarnos en serio la idea republicana de que gobernar también consiste en contenerse.

Chile no necesita un Presidente con mejor criterio para indultar. Necesita menos espacio para que cualquier Presidente pueda hacerlo a voluntad.

Ese es el punto. No se trata de confiar en el gobernante correcto. Se trata de desconfiar, a tiempo, del poder incorrectamente diseñado.