Hay una escena que define este gobierno con más claridad que cualquier discurso. El 24 de marzo, mientras el precio de la bencina rompía todos los registros históricos y los chilenos llenaban el estanque con calculadora en mano, la Presidencia distribuía una minuta confidencial entre sus voceros con instrucciones precisas: no digan que la situación es grave.

La minuta se filtró antes del mediodía.

Para cuando el vocero terminó de leer sus frases aprobadas, miles de tickets de bomba ya circulaban en redes sociales. La realidad había llegado primero.

Eso es lo que hay que entender de este momento político: no que el gobierno mienta —todos los gobiernos mienten un poco—, sino que el instrumento con el que gobierna llegó tarde a la historia. El relato, tal como lo practican, ya no alcanza.

Durante décadas, gobernar fue en buena parte gestionar el flujo de información. Los ciudadanos procesaban la realidad a través de los medios. Los medios procesaban la realidad a través de las fuentes oficiales. El vocero hablaba y el público escuchaba, no porque fuera ingenuo, sino porque era la única versión disponible con velocidad suficiente.

Ese mundo terminó.

Hoy la experiencia precede al relato. El alza de la bencina la sientes en el bolsillo antes de que nadie te la explique. La cita médica que se cae, la cuenta de la luz que sube, la caja del supermercado que aumenta semana a semana — todo eso tiene fecha, hora y monto. Es empírico. El gobierno puede llamarlo de mil maneras distintas: desafío, complejidad, contexto internacional, herencia del gobierno anterior. Pero el número en el surtidor no cambia con las palabras.

La encuesta Cadem de la cuarta semana de marzo lo dejó en blanco: el 85% de los encuestados dijo que el alza de combustibles los afectará directamente. Ochenta y cinco por ciento. Antes de que el vocero terminara su minuta, ya había mayoría absoluta que conocía el impacto en su propia vida. La comunicación estratégica llega a convencer al que todavía duda. Cuando no hay quien dude, no hay minuta que funcione.

Lo más revelador no es que el gobierno haya intentado controlar el relato. Lo más revelador es lo que hizo cuando vio que no podía.

Actuó.

La SEC instruyó a las distribuidoras eléctricas que postergaran el alza de las cuentas de luz hasta julio. El gobierno anunció la rebaja transitoria del 20% a los sueldos de asesores de Presidencia. Son gestos distintos —uno real, uno cosmético— pero los une la misma lógica: cuando las palabras no funcionan, queda el símbolo o queda la acción concreta.

El problema es que ni la acción ni el símbolo resuelven lo que resolvía el relato: la sensación de que alguien tiene el control.

La luz no sube en abril. Sube en julio. El gobierno no eliminó el golpe tarifario — lo trasladó al segundo semestre, justo cuando el escenario energético global podría ser peor que hoy. El Brent cerró la semana pasada rondando los 113 dólares. La guerra en el Medio Oriente no muestra señales de resolución. El “relato aplazado” sigue siendo relato, solo que con fecha de vencimiento.

Y mientras tanto, nueve comunas de Valparaíso se organizaron solas para enfrentar la crisis energética. Los alcaldes pidieron congelamiento de tarifas de transporte y empezaron a hablar de ollas comunes. El municipio taponando el hueco que deja la doctrina nacional. Eso también le dice algo al gobierno — más que cualquier minuta — sobre quiénes están absorbiendo el costo del ajuste.

Pero el colapso más revelador fue el de la semana pasada, con el CAE.

El gobierno identificó a 1.800 deudores del Crédito con Aval del Estado con ingresos sobre cinco millones de pesos y anunció que comenzaría a cobrarles directamente desde sus cuentas bancarias. El gesto buscaba mostrar coherencia: el mismo gobierno que pide austeridad va tras los que pueden pagar y no pagan.

Lo que no contemplaba es que entre esos deudores había ocho diputados y seis autoridades del propio gobierno. La diputada republicana Claudia Reyes, del partido del Presidente, debe 38 millones de pesos. El delegado presidencial Ricardo Figueroa, 40 millones a la Universidad de Chile. Kast los llamó públicamente a “regularizar su situación”.

El instrumento no solo ya no convence a los ciudadanos. Se lo comió el propio gobierno.

Cuando el patrón de quién paga y quién no se reproduce dentro de la coalición gobernante, ya no es solo un problema de comunicación. Es un problema de doctrina. El mercado asigna, el Estado no compensa — excepto cuando los que no pagan son aliados. Entonces el Estado pide, en voz baja, que “regularicen”.

No es solo Kast. Sería demasiado fácil.

Es una forma de gobernar que sobrevivió a su propio contexto. Los equipos de comunicación estratégica, las minutas coordinadas, los mensajes aprobados por párrafo — todo eso se construyó para un mundo donde la información era escasa y el ciudadano llegaba tarde a los hechos.

Hoy el ciudadano llega primero. Vive el hecho. Lo registra, lo comparte, lo comenta antes de que ningún vocero haya terminado de redactar la minuta. El gobierno habla para un público que ya sabe.

Eso no quiere decir que la comunicación no importa. Quiere decir que hay una sola comunicación que todavía funciona: la que coincide con lo que la gente ya está viviendo.

Todo lo demás llega tarde. Y llegar tarde, en política, es llegar sin nadie que escuche.

Leonor Valdés es columnista de El Vigilante.