por Leonor Valdés

Chile tiene un problema que nadie quiere nombrar con todas sus letras porque hacerlo obliga a tocar demasiados intereses al mismo tiempo: se nos acaba el agua. Y no como metáfora. Como hecho físico, medible, irreversible en el corto plazo.

Los embalses de la región de Coquimbo están al 19% de capacidad. El déficit hídrico nacional es un 16,5% peor que el año anterior. Llevamos más de dieciséis años de megasequía. Las proyecciones climáticas dicen que en las próximas décadas algunos ríos perderán hasta el 50% de su caudal medio anual.

Y mientras tanto, Chile sigue exportando agua virtual en cada tonelada de cobre que saca de la tierra, en cada palta que manda a Europa, en cada litro de litio que procesa en el desierto.

Eso es lo que nadie dice en los discursos de la transición energética verde.

El espejismo del litio

Hay algo profundamente irónico —o profundamente trágico, según cómo se mire— en que Chile sea el pivote de la “economía verde” global mientras sus propios territorios se desertifican.

El litio que mueve los autos eléctricos de Europa y China sale del Salar de Atacama. Para extraerlo, se necesita agua. El mismo Salar de Atacama que lleva décadas siendo intervenido por SQM y Albemarle es uno de los ecosistemas más frágiles y áridos del planeta. La Estrategia Nacional del Litio promete $6.000 millones anuales en ingresos adicionales. Pero Chile invierte 33 veces más en el desarrollo productivo del litio que en investigar cómo proteger los salares donde ese litio existe.

Eso no es transición verde. Es extractivismo con mejor marketing.

Los beneficios son globales. El costo hídrico es local. Y lo pagan las comunidades atacameñas, los agricultores del norte chico, los ecosistemas que no votan ni dan conferencias de prensa.

La guerra del agua que viene

Hay una guerra de baja intensidad que ya está ocurriendo en Chile y que la prensa cubre como una serie de conflictos aislados: el agricultor que se enfrenta a la minera, la comunidad indígena que bloquea el proyecto de riego, el municipio que declara escasez hídrica por decimotercer año consecutivo.

No son conflictos aislados. Son el mismo conflicto visto desde distintos ángulos: quién tiene derecho al agua que queda.

El Código de Aguas chileno —reformado apenas en 2022, después de décadas de resistencia— trataba el agua como propiedad privada desde la era de la dictadura. La reforma fue un avance, pero no tocó la estructura profunda: el agua sigue siendo un bien de mercado en un país que se está quedando sin ella. Los derechos de aprovechamiento siguen en manos de quienes los acumularon cuando el agua parecía infinita.

Cuando el recurso escasea, los que tienen derechos los defienden. Los que no los tienen no beben.

Lo que nadie le está diciendo a Kast

El nuevo gobierno llegó con un programa de “ley y orden”, de control migratorio, de eficiencia fiscal. Todo eso puede ser discutible o defendible según la vereda desde la que se mire.

Lo que no aparece en ninguna parte de la agenda de José Antonio Kast —ni tampoco aparecía de forma suficiente en la de Jeannette Jara— es una política de Estado para la crisis hídrica que esté a la altura de la magnitud del problema.

No una “ley de medidores”. No una nueva declaración de zona de escasez. Una política. Con horizonte de treinta años. Con redistribución de derechos. Con inversión en desalinización a escala. Con reconversión productiva real de la agricultura del norte chico. Con comunidades originarias en la mesa de decisión, no solo en la consulta previa que se hace para cumplir el trámite.

Eso no existe. Y eso es lo que debería existir.

El estallido que nadie ve venir

El estallido de octubre de 2019 sorprendió a todos. No debería haberlo hecho — las señales llevaban años acumulándose, visibles para quien quisiera ver. Pero es más cómodo no ver.

La crisis del agua en Chile tiene la misma estructura: es un problema que se acumula lento, que afecta primero a los que menos voz tienen, que se fragmenta en conflictos locales para no verse como el fenómeno sistémico que es, y que cuando revienta, revienta de golpe.

La diferencia con el estallido del 18-O es que ese fue político y emocional. La crisis del agua será política, emocional y material. Cuando el grifo no funciona, no hay evasión de metro posible. No hay metáfora. No hay eslogan que lo resuelva.

Chile tiene la oportunidad de gestionar esta crisis antes de que se convierta en catástrofe. Tiene tecnología, tiene recursos, tiene instituciones —precarias, pero funcionales. Lo que no tiene, todavía, es la voluntad política de poner el agua en el centro.

El día que no quede otra opción, ya será tarde para ordenarlo bien.

Y los que vengan a apagar ese incendio van a tener menos agua que nosotros.

Leonor Valdés es columnista de opinión. Escribe desde Santiago.