La Contraloría ordenó a ministerios, servicios públicos y municipios fijar reglas y plazos para asignar, controlar y restituir viviendas fiscales, tras detectar que muchos inmuebles se ocupan por años sin criterios uniformes ni actos administrativos claros.

La instrucción quedó plasmada en el dictamen E263724N26, emitido a partir de una consulta del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta sobre la posibilidad de establecer un plazo máximo de ocupación para este tipo de inmuebles.

En su respuesta, el organismo fiscalizador sostuvo que la autoridad sí puede fijar límites temporales, siempre que existan criterios objetivos, actos administrativos fundados y control sobre la destinación efectiva de cada vivienda.

El dictamen advirtió, además, que la asignación de casas fiscales no puede transformarse en un beneficio indefinido ni operar al margen de los fines del servicio. Por eso, exigió revisar los procedimientos vigentes y regularizar la situación de los inmuebles ocupados sin reglas claras.

La Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles para que los organismos involucrados dicten o actualicen sus normas internas y establezcan mecanismos de seguimiento, restitución y rendición de cuentas.

La resolución abre un frente sensible para municipios y reparticiones que han administrado este parque habitacional con amplia discrecionalidad, sin estándares comunes sobre quién puede vivir allí, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Fuente: Contraloría General de la República, dictamen E263724N26 (2026)