El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a tres exfuncionarios de la Dirección de Vialidad y a un particular por recibir y pagar sobornos para favorecer a constructoras que ejecutaban obras públicas en la región.

La sentencia, difundida por el Poder Judicial, dio por acreditado que entre 2022 y 2023 funcionarios a cargo de fiscalizar contratos y obras beneficiaron a empresas constructoras a cambio de pagos en dinero. El fallo estableció condenas por negociación incompatible, soborno, lavado de activos y cohecho recalificado, según el rol de cada acusado.

Los condenados recibieron penas de 61 días de presidio. En varios casos, el tribunal sustituyó el cumplimiento por remisión condicional por un año, además de imponer multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos. En el caso de A.M.A.A., la resolución agregó una suspensión de dos años para desempeñarse en empresas que contraten con el Estado o participen en concesiones públicas.

El fallo también absolvió a parte de los acusados por cargos más graves, entre ellos fraude al Fisco, al concluir que esos delitos no quedaron acreditados en juicio. Esa parte importa: el tribunal sí confirmó pagos irregulares y favores a constructoras, pero no toda la hipótesis penal levantada al inicio de la causa.

La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El caso vuelve a exponer un punto débil conocido en la ejecución de obra pública: el control interno sobre quienes supervisan contratos financiados con recursos fiscales.

Fuente: Poder Judicial, noticia institucional sobre sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Arica publicada el 11 de mayo de 2026.