La Corte Suprema emitió un informe crítico sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social del Gobierno y advirtió que varios de sus cambios en materia ambiental podrían abrir incertidumbre jurídica, tensionar la tutela judicial efectiva y hasta generar una deuda fiscal en favor de inversionistas cuyos permisos sean anulados.

El pronunciamiento fue analizado por el pleno del máximo tribunal el lunes 4 de mayo y remitido el miércoles 6 a la Cámara de Diputadas y Diputados. Según la propia Corte, las observaciones se concentran en modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y a las competencias de los Tribunales Ambientales.

El punto más sensible está en el nuevo mecanismo incorporado por el proyecto para que el titular de una RCA anulada, o el Ministerio de Hacienda, reclamen judicialmente el monto que debería restituirse por inversiones ejecutadas al amparo de ese permiso. En el texto ingresado por el Ejecutivo, esa reclamación se tramitaría ante la Corte de Apelaciones y, si no hay reclamo, el pago quedaría a cargo del Ministerio de Hacienda.

La Corte Suprema advirtió que este diseño no solo introduce un régimen patrimonial nuevo, sino que además puede empujar al Estado a asumir riesgos propios de la inversión privada cuando una RCA sea invalidada por decisión judicial.

El informe también cuestiona que el proyecto abra una vía directa para reclamar contra resoluciones ambientales, pero sin armonizar completamente esa reforma con la ley que regula a los Tribunales Ambientales. A juicio del máximo tribunal, eso puede dejar dudas sobre quiénes están legitimados para accionar y bajo qué reglas procesales concretas.

Otro reparo apunta a las medidas cautelares. El mensaje del Ejecutivo propone limitar a seis meses la vigencia de ciertas cautelares que paralicen proyectos, una fórmula que, según la Corte, podría debilitar la protección judicial si en ese plazo subsisten antecedentes serios de riesgo ambiental.

El máximo tribunal también hizo observaciones de técnica legislativa y de competencia. Entre ellas, advirtió vacíos sobre el tribunal llamado a resolver algunas reclamaciones vinculadas a la restitución de montos y criticó que una reforma de este calibre no haya sido incorporada de manera más sistemática en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y en la ley que regula los Tribunales Ambientales.

El proyecto, ingresado el 22 de abril por el Ejecutivo bajo el boletín 18216-05, busca combinar medidas de reconstrucción tras los incendios de Ñuble y Biobío con rebajas tributarias, alivios de deuda y cambios para acelerar inversión y permisos. Pero el nuevo informe de la Corte Suprema suma un flanco institucional a una iniciativa que ya venía bajo presión por sus efectos fiscales y regulatorios.

Con este pronunciamiento, la discusión en la Cámara queda tensionada no solo por el costo político del plan, sino por una advertencia más de fondo: que parte de la llamada “permisología” podría terminar reescribiendo el equilibrio entre inversión, control judicial y protección ambiental.