El Gobierno ejecutó su segundo vuelo chárter de expulsión del año con 40 extranjeros, de los cuales 16 habían sido condenados por delitos como robo con intimidación, tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

El operativo se realizó el viernes 8 de mayo y fue coordinado por el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría del Interior. Según la información oficial, 24 expulsiones fueron administrativas y 16 judiciales.

Los expulsados fueron enviados a Colombia, Haití y República Dominicana. En el grupo con expulsión judicial había personas condenadas, entre otros delitos, por receptación de vehículos, hurto y porte ilegal de armas.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que el operativo apunta a reforzar el cumplimiento efectivo de la ley. La PDI, por su parte, señaló que mantendrá la coordinación para materializar expulsiones decretadas por la autoridad administrativa y por los tribunales.

La operación se produce en medio de la presión política por acelerar la ejecución de expulsiones pendientes y endurecer el control migratorio. El dato más sensible para el Gobierno es justamente ese: mostrar que no solo hay anuncios, sino vuelos concretos y condenados efectivamente removidos del país.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, comunicado oficial del 8 de mayo de 2026.