La Corte Suprema dejó firme una indemnización total de $80 millones para la familia del conscripto de 19 años que murió en abril de 2024 durante una marcha de instrucción en Putre, y atribuyó al Estado una falta de servicio por no prestarle auxilio médico oportuno.

La decisión confirmó la sentencia que ordena pagar $40 millones a la madre del joven, $20 millones a su padre y $10 millones a cada uno de sus dos hermanos. El máximo tribunal rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado y mantuvo así la responsabilidad patrimonial del fisco.

Según lo establecido en la resolución, el conscripto participó el 27 de abril de 2024 en una marcha de instrucción de cerca de 45 kilómetros, en altura, con bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas. Durante el trayecto presentó síntomas de descompensación física, pero no recibió atención médica oportuna ni medidas de resguardo suficientes.

La Suprema concluyó que esa omisión basta para configurar una falta de servicio. El punto central del fallo es que el Estado tenía un deber especial de protección sobre un joven que estaba bajo custodia de una institución pública y sometido a una instrucción militar en una zona extrema.

El caso remeció al Ejército desde 2024, cuando la muerte de dos conscriptos en Putre abrió dudas sobre los protocolos de entrenamiento, la preparación para operar en altura y la capacidad de reacción ante emergencias médicas. La resolución conocida ahora cierra uno de los flancos judiciales del episodio y fija una señal concreta sobre la responsabilidad civil del Estado.

Más que una discusión abstracta sobre mando o disciplina, el fallo vuelve a poner el foco en una pregunta básica: qué resguardo real ofrece la institución a jóvenes obligados a soportar exigencias físicas severas en condiciones previsiblemente riesgosas.

Fuente: Poder Judicial, fallo rol 40.057-2025 informado el 29 de abril de 2026.