La Contraloría Regional del Biobío ordenó a la Municipalidad de Mulchén iniciar el cobro de más de $33 millones pagados a un funcionario del ex DAEM que no registró asistencia durante casi cinco años y no acreditó las labores por las que recibió remuneraciones.

El caso quedó consignado en el Informe Final de Investigación Especial N°255, que revisó el período entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Según la auditoría, el trabajador, contratado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024, no mantuvo un registro válido de su jornada y tampoco pudo demostrar el trabajo que supuestamente realizó.

Tras su renuncia, el servicio presentó un libro de asistencia manual entregado tres días después de su salida. La Contraloría descartó ese respaldo como prueba idónea de cumplimiento horario. Luego pidió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y detectó que la persona recibía al mismo tiempo rentas y honorarios desde entidades privadas. En una de ellas figuraba con una jornada de 45 horas semanales, lo que, para el órgano contralor, hacía materialmente imposible cumplir ambas funciones de manera regular.

Con esos antecedentes, la CGR concluyó que el municipio pagó de forma improcedente más de $33 millones en remuneraciones y además un finiquito superior a $1,5 millones. Por eso ordenó iniciar acciones de restitución, continuar el sumario administrativo y remitir los antecedentes al Ministerio Público.

La auditoría agregó otras irregularidades dentro del ex DAEM. Entre ellas, mencionó a un exfuncionario que ejercía simultáneamente como concejal de Yumbel sin un acto administrativo que autorizara el uso de parte de su jornada para esa función, además de fallas reiteradas en los registros biométricos de otros trabajadores.

El informe también cuestionó el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial para contratar a tres abogados bajo el Código del Trabajo, al estimar que esas funciones no se ajustaban a las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento Educativo. El municipio deberá calcular y reintegrar los montos que correspondan al Ministerio de Educación.

El caso golpea por una razón simple: no se trata de una omisión menor de control, sino de pagos sostenidos durante años en un sistema que debía resguardar recursos destinados a educación pública.

Fuente: Contraloría General de la República, Informe Final de Investigación Especial N°255 de la Contraloría Regional del Biobío, abril de 2026.