El Gobierno reingresó el reglamento de la llamada Ley Uber con una serie de modificaciones orientadas a facilitar su implementación, luego de que la Contraloría objetara aspectos del texto original y mantuviera congelada la entrada en vigencia del nuevo marco para las plataformas de transporte.

La nueva versión del reglamento busca corregir observaciones formuladas durante su revisión administrativa y, al mismo tiempo, bajar exigencias que habían sido criticadas por empresas, conductores y parte del sector político por considerar que hacían impracticable la operación del sistema.

Entre los cambios comunicados, el Ejecutivo apuntó a flexibilizar requisitos técnicos y operativos para permitir que la normativa pueda finalmente aplicarse sin paralizar el servicio ni dejar fuera a una fracción importante de conductores. La discusión, sin embargo, sigue abierta, porque el equilibrio entre control estatal, seguridad de los usuarios y viabilidad económica del modelo todavía genera tensiones.

El reingreso del reglamento reactiva una controversia que se arrastra desde la aprobación de la ley y que ha enfrentado al Gobierno con las plataformas digitales, que reclaman reglas realistas para un mercado ya instalado en la vida cotidiana de miles de personas.

La decisión también vuelve a poner foco en la capacidad regulatoria del Estado frente a un sector que creció más rápido que la respuesta institucional. Si el nuevo texto supera el control de legalidad, el país podría acercarse por fin a la implementación efectiva de una normativa que lleva años pendiente.

Fuente: antecedentes públicos del Gobierno y reportes de abril de 2026 sobre el reingreso del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte.