El Gobierno salió a descartar que el Plan Calles Sin Violencia vaya a ser terminado, luego de la controversia provocada por un oficio de la Dirección de Presupuestos que encendió dudas sobre la continuidad de uno de los programas emblema en materia de seguridad.

La polémica surgió después de que trascendiera un documento administrativo que recomendaba revisar o descontinuar distintos programas públicos, entre ellos iniciativas vinculadas a seguridad. La interpretación política fue inmediata: alcaldes, parlamentarios y actores del debate público advirtieron un eventual retroceso en medio del deterioro de las cifras delictuales.

Frente a ese escenario, autoridades del Ejecutivo aseguraron que el plan no será desmantelado y que el oficio no equivale a una decisión definitiva sobre su cierre. La explicación oficial apuntó a que se trataba de un proceso de evaluación presupuestaria y de eficiencia, más que de una orden de término inmediato.

El episodio, sin embargo, volvió a exponer las tensiones entre el ajuste fiscal y la demanda ciudadana por mayor seguridad. También dejó en evidencia problemas de coordinación política y comunicacional dentro del Gobierno, al tratarse de un programa que ha sido presentado como pieza clave de su estrategia para contener homicidios y crimen organizado.

Más allá de la aclaración, la controversia abre un debate sobre la efectividad real del plan, sus mecanismos de evaluación y la forma en que el Estado asigna recursos a políticas de seguridad que, por definición, cargan con una alta presión pública.

Fuente: antecedentes públicos del Ejecutivo y reportes de abril de 2026 sobre el oficio de la Dirección de Presupuestos y la continuidad del Plan Calles Sin Violencia.