La Contraloría General de la República detectó falencias en la labor de la Superintendencia de Educación para fiscalizar denuncias vinculadas a violencia escolar y para gestionar la reubicación de estudiantes involucrados en hechos graves, abriendo un nuevo flanco sobre la capacidad del sistema para responder a episodios de alto impacto en las comunidades educativas.

El informe del ente fiscalizador advirtió demoras, vacíos de procedimiento y problemas de coordinación interna en la forma en que la Superintendencia aborda casos de convivencia escolar, especialmente cuando estos derivan en sanciones o en la necesidad de cambiar de establecimiento a alumnos involucrados en situaciones de agresión.

Según los antecedentes revisados, la auditoría concluyó que no existían mecanismos suficientemente eficaces para asegurar una fiscalización oportuna ni criterios claros para activar y monitorear los procesos de reubicación. Esto implica que, en casos sensibles, los establecimientos y las familias quedan expuestos a respuestas tardías o poco consistentes por parte de la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa escolar.

La observación de Contraloría también pone presión sobre el Ministerio de Educación y sobre la propia Superintendencia, en un contexto donde la violencia escolar se ha instalado como una preocupación pública persistente. Más allá de las cifras, el reparo apunta a la falta de herramientas administrativas robustas para intervenir cuando se rompe gravemente la convivencia al interior de una comunidad educativa.

El organismo contralor instruyó a la Superintendencia adoptar medidas correctivas para fortalecer sus procedimientos, mejorar los tiempos de respuesta y establecer controles más claros en la gestión de estos casos.

Fuente: antecedentes públicos de la Contraloría General de la República sobre fiscalización a la Superintendencia de Educación, abril de 2026.