Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, tras detectar sobreprecios y deficiencias normativas en la compra de suelos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El Informe Final N°421 de 2026, revelado en abril, analizó operaciones realizadas por la cartera entre 2022 y 2024. Según el ente fiscalizador, el Minvu adquirió terrenos por valores que superaban los montos de referencia establecidos, omitiendo procedimientos clave para la correcta tasación y el resguardo de los recursos fiscales.

La auditoría evidenció que, en el marco de la urgencia por cumplir las metas habitacionales del gobierno anterior, diversas adquisiciones carecieron de regulaciones y controles internos suficientes. Esto permitió que el Estado desembolsara cifras infladas en comparación con las tasaciones comerciales de los paños habitacionales revisados.

Además de los sobreprecios, la Contraloría detectó debilidades normativas y administrativas que comprometen la transparencia del proceso. Entre ellas, apuntó a la falta de criterios uniformes para justificar las compras, registros incompletos y decisiones adoptadas sin la trazabilidad necesaria para respaldar adecuadamente el uso de fondos públicos.

El caso agrega presión sobre una de las principales políticas públicas en materia de vivienda y amenaza con abrir cuestionamientos más amplios sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional. La Contraloría instruyó al Minvu adoptar medidas correctivas y revisar sus procedimientos de adquisición de suelo para evitar nuevas operaciones observadas.

Fuente: Informe Final N°421 de 2026 de la Contraloría General de la República, abril de 2026.