El Informe Final N°51 de 2026 revela que la SISS no realizó inspecciones en terreno a empresas clave entre enero de 2024 y julio de 2025, además de evidenciar demoras en la respuesta a reclamos de usuarios y falta de derivación de incumplimientos a otros organismos.

La calidad y continuidad del suministro de agua potable están bajo la lupa. Un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó graves deficiencias en la labor de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el organismo encargado de garantizar que las empresas del rubro cumplan con los estándares exigidos.

El Informe Final N°51 de 2026, emitido en abril, se basó en una auditoría que revisó el actuar de la SISS entre enero de 2024 y julio de 2025. La revisión se centró específicamente en el monitoreo a tres empresas sanitarias: Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A.

El hallazgo más preocupante es la falta de inspecciones en terreno. Según el documento del ente fiscalizador, la Superintendencia no visitó las instalaciones de agua potable de estas empresas durante el periodo auditado, pese a la existencia de condiciones que podrían afectar directamente la calidad del servicio entregado a los hogares.

Criterios ausentes y reclamos atrasados

La auditoría también desnudó problemas estructurales en la forma en que la SISS planifica su trabajo. La Contraloría advirtió la ausencia de criterios formales para priorizar la labor fiscalizadora. En la práctica, esto significa que la selección de los servicios sanitarios a evaluar no sigue un patrón de riesgo claro, lo que reduce la eficacia del monitoreo preventivo.

A esto se suman desfases significativos en la evaluación semestral del sistema de autocontrol de las propias empresas. Estas demoras afectan directamente la oportunidad con la que la SISS puede exigir medidas correctivas o iniciar procedimientos sancionatorios cuando se detectan anomalías en el servicio de agua.

Los usuarios también sufrieron las consecuencias de estas ineficiencias institucionales. La Contraloría constató demoras reiteradas en la atención de reclamos, con respuestas que fueron emitidas fuera de los plazos legales establecidos.

Finalmente, el ente contralor detectó deficiencias en la coordinación estatal: la SISS no remitió antecedentes de posibles incumplimientos a otros organismos competentes, como las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y tampoco dispone de procedimientos internos para regular estas derivaciones obligatorias.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría instruyó a la SISS a adoptar medidas correctivas urgentes en un plazo de 60 días hábiles para fortalecer sus procesos de fiscalización en terreno, regularizar la coordinación con otras instituciones y asegurar el cumplimiento de los plazos en la atención ciudadana.

Fuente: Informe Final N°51 de 2026 de la Contraloría General de la República, abril de 2026.