El organismo detectó irregularidades en un acuerdo por $680 millones. La investigación apunta a conflictos de interés y fallas en los controles internos de compra del hospital.

La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un sumario administrativo en el Hospital Sótero del Río, tras detectar irregularidades en la adjudicación de un contrato por $680 millones. El acuerdo, según reveló el ente fiscalizador, benefició a una empresa (Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.) que está directamente vinculada a un médico que presta servicios en el mismo recinto asistencial.

El hallazgo vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de control interno en las compras públicas del sector salud. De acuerdo a los antecedentes de la auditoría de Contraloría, el funcionario es el beneficiario final y dueño efectivo (a través de sociedades intermedias) del 100% de la empresa contratada, una situación que contraviene directamente la Ley de Compras Públicas. Esta normativa prohíbe a los organismos del Estado celebrar contratos con su propio personal o empresas donde tengan participación significativa, a menos que existan excepciones debidamente fundadas, lo cual no se cumplió en este caso.

Fallas en la fiscalización interna

La intervención de Contraloría no solo apunta a esclarecer las responsabilidades del médico involucrado, sino que pone la lupa sobre las autoridades y departamentos administrativos del hospital que visaron la transacción. La investigación determinó que el recinto asistencial informó de manera incompleta la estructura de propiedad de la empresa, omitiendo el control efectivo que el funcionario ejercía.

El sumario administrativo buscará determinar eventuales responsabilidades al interior del Hospital Sótero del Río y establecer si existieron infracciones graves a la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones administrativas severas y la derivación de antecedentes si se configuran delitos.

Mientras se desarrolla la investigación interna, la dirección del hospital deberá responder ante las exigencias de Contraloría y justificar las brechas en sus protocolos de adjudicación.

Fuente: reportes e investigación de la Contraloría General de la República, abril de 2026.