El Senado despachó este sábado un proyecto de ley que cierra uno de los forados más cuestionados del sistema de seguridad social: la posibilidad de que autores de femicidio y violencia intrafamiliar (VIF) reciban pensiones de sobrevivencia financiadas con los ahorros previsionales de sus propias víctimas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y pasará a su tercer trámite en la Cámara de Diputados. La norma establece que la condena ejecutoriada por delitos graves contra mujeres o miembros de la familia será causal directa para perder el derecho al beneficio, bloqueando el acceso a fondos que hoy, bajo el marco vigente, todavía pueden ser reclamados legalmente por el agresor.

El debate en sala puso el foco en la contradicción estructural de un sistema que, al no prever exclusiones específicas, termina otorgando protección económica a quienes ejercen violencia letal. El proyecto busca que las AFP no cursen estos pagos y que los tribunales comuniquen las sentencias condenatorias a las instituciones previsionales correspondientes para activar el bloqueo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, calificó el avance como un piso mínimo de justicia para las familias. El texto, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 y la Ley sobre violencia contra las mujeres, deberá sortear ahora su revisión final antes de convertirse en norma vigente.

Fuente: antecedentes públicos del Senado sobre la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el pago de pensiones de sobrevivencia a condenados por violencia intrafamiliar y femicidio, abril de 2026.