La seguidilla de advertencias de tiroteos impulsadas por retos virales ha obligado a suspender clases en diversos recintos, mientras la Cámara de Diputados discute medidas de revisión de mochilas y mayores atribuciones disciplinarias para los docentes.

Una ola de amenazas que circulan a través de redes sociales bajo la consigna “mañana tiroteo” ha forzado a decenas de colegios a suspender sus actividades, encendiendo nuevamente las alertas sobre la violencia escolar. La Superintendencia de Educación ya registra más de 700 denuncias por amenazas en las últimas semanas, un escenario que ha acelerado el debate legislativo y ha obligado a las instituciones a revisar sus protocolos de seguridad.

La crisis alcanzó un punto de quiebre tras el grave incidente ocurrido en Calama, donde un estudiante atacó a un inspector. El nivel de agresividad en los establecimientos ha superado los mecanismos tradicionales de convivencia escolar, obligando a los municipios y direcciones a tomar medidas drásticas ante la incertidumbre que generan los mensajes virales.

En respuesta a la escalada, la Cámara de Diputados retomó con urgencia la discusión del proyecto “Escuelas Protegidas”. La iniciativa busca otorgar mayores herramientas de control a los establecimientos, incluyendo la autorización para la revisión de mochilas y la ampliación de las facultades disciplinarias de los profesores y directores.

Sin embargo, la propuesta genera divisiones. Mientras un sector del parlamento y agrupaciones de apoderados exigen la implementación inmediata de filtros de seguridad física y castigos más severos para frenar el efecto contagio de los retos virales, otros advierten que la medida es meramente reactiva. Los críticos del proyecto señalan que la revisión de pertenencias no aborda la crisis de salud mental post-pandemia ni la falta de presupuesto en los programas municipales de contención psicológica y convivencia escolar.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha comenzado a oficiar a la Superintendencia de Educación y a diversos municipios —como el de Santiago tras incidentes en el Instituto Nacional— para exigir cuentas sobre los protocolos aplicados y el uso de los recursos destinados a mantener recintos seguros. El debate de fondo sigue abierto: cómo recuperar la autoridad en las aulas sin convertir los colegios en recintos de alta seguridad.

Fuente: reportes de la Superintendencia de Educación y avance del proyecto Escuelas Protegidas, abril de 2026.