El Gobierno afirmó que el Plan Escudo Fronterizo ya alcanza un 40% de avance en la macrozona norte, pero el Congreso abrió un escrutinio sobre costos, plazos y resultados reales de la intervención.

La cifra fue entregada el 20 de abril por la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, durante una visita a Arica. Según el Ejecutivo, el plan incluye zanjas, rutas de patrullaje, iluminación y apoyo logístico para reforzar el control territorial en la frontera norte.

El dato convive con reportes oficiales previos que mostraban un avance menor. El 11 de abril, el Ministerio de Obras Públicas informó que las zanjas y barreras físicas llevaban 23% de ejecución en tramos de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esa diferencia empujó nuevos oficios y citaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados para exigir el detalle de la inversión, el cronograma y los criterios usados para definir los sectores intervenidos.

La discusión va más allá de los metros excavados. En el norte, la zanja se transformó en el símbolo visible del endurecimiento del control fronterizo, pero su efecto real sobre cruces irregulares, contrabando y rutas usadas por redes de tráfico sigue bajo disputa política.

El Ejecutivo sostiene que la intervención busca cerrar brechas operativas y apoyar el despliegue militar y policial en zonas críticas. En el Congreso, en cambio, crece la presión para medir el plan por resultados verificables y no solo por avance físico de obra.

Con la comisión especial investigadora ya activa, el Plan Escudo Fronterizo entra ahora a una etapa de revisión institucional. La pregunta dejó de ser cuánto se ha cavado y pasó a ser cuánto costará, cuánto tardará y qué efecto concreto tendrá en la frontera.

Fuentes: Secretaría General de Gobierno; Ministerio de Obras Públicas; Cámara de Diputadas y Diputados.