La Contraloría General de la República objetó una actividad realizada en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile por su connotación política y ordenó al plantel regular la autorización de recintos institucionales, además de fijar mecanismos objetivos de control previo.

El caso se originó por un acto efectuado el 6 de enero en la Sala Isidora Zegers para conmemorar el 67 aniversario de la Revolución Cubana y el natalicio de Fidel Castro. Según la información publicada este martes por BioBioChile y La Tercera, la actividad derivó en denuncias ante el ente contralor por el uso de dependencias de una universidad estatal en una instancia con participación de dirigentes del Partido Comunista y representantes diplomáticos extranjeros.

Contraloría concluyó que el evento excedió “la mera realización de un evento artístico-cultural o de una simple reflexión académica” y que reveló una “manifiesta connotación política”. Por eso, instruyó a la casa de estudios transparentar mejor las autorizaciones de uso de espacios, revisar sus protocolos internos y evitar que se repitan situaciones similares.

La controversia reabre un punto sensible para la Universidad de Chile: hasta dónde llega la autonomía universitaria cuando se usan bienes públicos en actividades que pueden interpretarse como adhesión o promoción política.

Qué observó Contraloría

El dictamen cuestiona que la autorización de la sala se concediera sin una programación detallada de la actividad. También recoge antecedentes sobre carteles alusivos a la Revolución Cubana, homenajes vinculados a ciudadanos cubanos fallecidos en Venezuela y la asistencia de dirigentes partidarios.

A juicio del órgano contralor, esos elementos desbordaron el marco que la universidad había presentado como una actividad artístico-cultural. Por eso exigió controles previos trazables y reglas más claras para el uso de dependencias institucionales.

El marco del reparo

La Contraloría recordó que la autonomía de las universidades estatales no las exime del deber de respetar los principios de juridicidad y probidad administrativa. En esa línea, reiteró que bienes y recursos públicos no pueden emplearse en actividades de carácter político ajenas a los fines del servicio.

Ese criterio ya había sido fijado en dictámenes previos sobre prescindencia política en órganos del Estado y vuelve a poner presión sobre instituciones públicas que facilitan recintos para actividades de terceros.

Presión sobre la rectoría

El caso abre un flanco para la administración de la U. de Chile, porque instala dudas sobre los filtros con que se autorizan actividades en recintos públicos y sobre la frontera entre debate académico legítimo y activismo político dentro de una institución estatal.

En un escenario donde la neutralidad institucional es cada vez más sensible, el reparo de Contraloría obliga a la universidad a justificar mejor qué actividades avala dentro de sus dependencias y bajo qué condiciones.

Fuentes: BioBioChile, La Tercera y dictamen de Contraloría citado por ambos medios (21 de abril de 2026).