El gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó su primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros, deportando a 40 personas con antecedentes penales en un operativo coordinado desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en Santiago. El traslado, con escalas en Bolivia, Ecuador y Colombia, marca el inicio de una política de control migratorio más estricta anunciada por el Ejecutivo.

Del total de expulsados, 25 correspondieron a medidas administrativas y 15 a órdenes judiciales. Según los antecedentes entregados por las autoridades, gran parte de los deportados mantenía condenas o antecedentes por delitos de alta gravedad, incluyendo tráfico de drogas, robo con violencia, porte ilegal de armas y municiones, receptación de vehículos motorizados y lesiones. El grupo estaba compuesto por 19 ciudadanos colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que este operativo es el punto de partida de un plan sostenido del gobierno para restablecer el orden migratorio. “Este es el primero de muchos vuelos programados. Entregaremos estadísticas de las expulsiones de manera quincenal para mantener a la ciudadanía informada sobre los resultados de esta política”, señaló la autoridad.

La medida materializa una de las principales promesas de la actual administración, que ha endurecido los criterios para frenar la regularización de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados. En paralelo, el Ejecutivo ya ha ingresado proyectos de ley al Parlamento que buscan tipificar como delito el acceso irregular al país y sancionar severamente a quienes faciliten estas redes de ingreso ilegal.

Desde diversas organizaciones migrantes han cuestionado la celeridad del operativo, apuntando a una supuesta falta de transparencia en los criterios de traslado administrativo y calificando la acción como una maniobra política. Sin embargo, desde La Moneda reafirmaron que las expulsiones continuarán aplicándose con estricto apego a la ley, priorizando a aquellos extranjeros que representan un riesgo directo para la seguridad nacional por su vinculación al crimen organizado.