Mochilas revisadas y detectores de metales: el nuevo estándar de seguridad que se instala en los colegios

Por Marisol Hencke  |  Publicado el Domingo 19 de abril de 2026  |  El Vigilante  ·  2 min de lectura
Mochilas revisadas y detectores de metales: el nuevo estándar de seguridad que se instala en los colegios

El aumento sostenido de la violencia escolar está forzando un cambio radical en la forma en que los establecimientos educacionales gestionan su seguridad interna. La revisión de mochilas y la instalación de pórticos detectores de metales pasaron de ser medidas extremas a integrarse en los nuevos protocolos institucionales que impulsa el Ejecutivo.

Las cifras que maneja la Superintendencia de Educación y la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) explican el giro. Entre 2023 y 2024, las denuncias por violencia escolar se dispararon un 74%, alcanzando los 4.418 casos. La tendencia no se revirtió el año pasado: durante el primer trimestre de 2025, los episodios de violencia aumentaron otro 14,2% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Frente a este escenario, los proyectos de seguridad escolar presentados por el gobierno de José Antonio Kast apuntan a endurecer las facultades de los directivos y modificar el Código Penal. El foco está en otorgar herramientas concretas a los colegios que hoy se ven sobrepasados por la agresividad en las aulas y patios.

Las cinco claves del nuevo modelo disciplinario

El paquete de medidas busca que las nuevas facultades queden plasmadas directamente en el reglamento interno de cada recinto, dándoles respaldo jurídico ante eventuales reclamos de apoderados. Los puntos centrales incluyen:

  1. Revisión de pertenencias: Se autoriza la revisión preventiva de bolsos y mochilas de los estudiantes, medida que debe quedar estipulada en el reglamento del colegio.
  2. Pórticos detectores de metales: Se habilita su instalación en los accesos para evitar el ingreso de armas blancas o de fuego, una respuesta directa a los recientes casos de apuñalamientos entre alumnos.
  3. Sanciones por interrumpir clases: Se establecen castigos específicos para quienes alteren el normal funcionamiento de la jornada escolar.
  4. Empoderamiento docente: Los profesores y directivos tendrán mayor respaldo para aplicar medidas disciplinarias, preventivas y correctivas de forma expedita.
  5. Rostro descubierto: Se prohibirá estrictamente el uso de accesorios (como pasamontañas o capuchas) que impidan la identificación facial dentro del recinto.

A estas medidas de gestión interna se suma una advertencia mayor: los estudiantes que sean condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad pública perderán el acceso a la gratuidad en la educación superior.

El debate ahora se traslada a la implementación. Mientras las comunidades escolares exigen respuestas inmediatas ante la inseguridad, el desafío para los sostenedores será financiar y aplicar estos protocolos sin que los colegios terminen operando bajo lógicas carcelarias.


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