Una nueva ofensiva fiscalizadora se abrió este viernes en el Congreso. Diputados del Partido de la Gente (PDG) presentaron un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que el organismo se pronuncie sobre la existencia de presuntos “dobles sueldos” en el equipo de asesores de la Presidencia.

La acción busca esclarecer si funcionarios de confianza del gobierno están incurriendo en incompatibilidades legales en el ejercicio de sus funciones y en la recepción de fondos estatales.

Según los antecedentes presentados por los parlamentarios, existirían casos de asesores que estarían recibiendo remuneraciones paralelas, lo que contravendría las normativas de probidad administrativa. La presentación exige a la entidad contralora que determine si estos pagos se ajustan a derecho y, de no ser así, instruya los sumarios correspondientes y exija la restitución de los recursos públicos involucrados.

Este requerimiento se enmarca en una semana marcada por la agenda de control institucional. Apenas días atrás, la misma Contraloría advirtió sobre posibles sobreprecios en las compras de terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional, señalando deficiencias en los mecanismos para verificar la razonabilidad de los pagos.

La ofensiva del PDG pone a prueba nuevamente los mecanismos de control interno del Ejecutivo, en un contexto donde el gasto público y el apego a las metas fiscales están bajo el escrutinio tanto de la ciudadanía como de organismos internacionales.