La Contraloría General de la República recibió un requerimiento formal para investigar un almuerzo privado que el Presidente José Antonio Kast ofreció el viernes pasado a más de 50 excompañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica en dependencias del Palacio de La Moneda. Los parlamentarios del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron la solicitud, cuestionando el posible uso de recursos públicos en una actividad de carácter personal.

El evento, realizado el 10 de abril en uno de los salones presidenciales, incluyó un menú con tartar de tomate, puré rústico, plateada al jugo y vino tinto. Según la denuncia, habrían utilizado salones del palacio, servicio de alimentación y personal institucional durante horario laboral, lo que podría vulnerar el principio de probidad administrativa.

“Utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave. ¿Qué viene después? ¿Fiestas de los hijos con el dinero de todos los chilenos? La Moneda no es un fundo”, señaló el diputado Manouchehri. “El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social”.

Por su parte, la senadora Cicardini afirmó que “los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quién se junta el Presidente, pero no puede usar La Moneda como si fuera su quincho”.

Requerimiento formal a Contraloría

El documento ingresado por los parlamentarios socialistas solicita a la Contraloría esclarecer:

• La naturaleza y objetivo exacto de la actividad
• La lista completa de asistentes
• Las dependencias de La Moneda utilizadas
• El personal institucional asignado al evento
• Los costos totales y su imputación presupuestaria
• La existencia de eventuales reembolsos por parte del Presidente

El objetivo, según los denunciantes, es determinar si se destinaron recursos públicos a fines privados y si se vulneró el principio de probidad que rige la administración del Estado.

Respuesta del gobierno: “Financiado con recursos propios”

Frente a la polémica, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró este lunes que el Presidente Kast financió íntegramente el almuerzo con sus propios recursos. “Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”, declaró en un punto de prensa.

Sin embargo, Sedini evitó detallar si ese financiamiento cubrió también los costos de personal, servicio y uso de infraestructura, limitándose a señalar que “el resto de los detalles se darán a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República, en tiempo y forma establecida”.

Consultada sobre por qué la actividad no se realizó en la residencia personal de Kast y sí en el palacio presidencial, la vocera insistió en que “lo importante es la respuesta de que el Presidente financió el almuerzo con sus propios recursos”.

Apoyo oficialista y críticas de la oposición

Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, declaró que “confío en que ellos van a entregar la información, así como ha sido en todo el mes de Gobierno y el periodo previo”. Agregó que “desconozco si es que se incumple o no una normativa; yo me imagino que no, porque confío en que hicieron todo acorde a la ley”.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, fue más directo: “Si lo pagó el Presidente de la República de su bolsillo, yo no tengo problema alguno. Si no fue así, creo que no corresponde”. Ramírez añadió que “el Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, todo lo que haga en términos personales va a ocurrir acá. Esta es su casa”.

La controversia se produce en un contexto donde Kast ha defendido públicamente la “austeridad y el ahorro” como principios de su administración, y donde reside en La Moneda durante la semana laboral. El episodio reabre el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en el uso de espacios y recursos del Estado, especialmente cuando se trata de la sede de gobierno.

La Contraloría deberá ahora determinar si existió un uso indebido de recursos públicos y, en caso de confirmarse, establecer eventuales responsabilidades administrativas. El organismo tiene la facultad de solicitar toda la documentación pertinente al gobierno y emitir un dictamen que podría tener consecuencias políticas para el Ejecutivo.

Fuente: Requerimiento parlamentario, declaraciones oficiales.