La Contralora General Dorothy Pérez dictaminó que la Tesorería General de la República (TGR) está facultada para cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) por la vía administrativa, zanjando un debate jurídico sobre el mecanismo de recuperación de los $4 billones que adeudan más de 550 mil morosos.

El pronunciamiento, fechado el 7 de abril de 2026, responde a una solicitud del exdiputado Miguel Mellado, quien pidió a la Contraloría que se pronunciara sobre “la obligación del Fisco de cobrar aquellos créditos con aval del Estado (CAE) cuya garantía ha sido ejecutada y que se encuentran en poder de aquel”. Mellado también solicitó una auditoría sobre la materia.

En el dictamen, Pérez establece que “la Tesorería es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20.027”. Agrega que, para los créditos donde ha operado la garantía estatal o que han sido adquiridos por el Fisco, “la Tesorería es la entidad encargada de su cobro, sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar mandatos o convenios de administración con las entidades financieras respectivas”.

La Contralora precisa que la Tesorería está “obligada por el ordenamiento jurídico para ejercer las correspondientes acciones de cobranza, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario”. Con esto, cierra la discusión sobre si la TGR debía recurrir a juicios ejecutivos civiles o podía usar la vía administrativa tributaria, más ágil y con mayores facultades coercitivas.

Auditoría en carpeta

Pérez anunció que la solicitud de fiscalización “será considerada como un insumo en el proceso de planificación de las auditorías que regularmente efectúa esta entidad de control”. Es decir, la Contraloría evaluará más adelante, en función de sus recursos, si audita las acciones de cobranza que la Tesorería despliegue sobre la deuda CAE.

El dictamen llega en medio del plan de cobro masivo que la TGR inició a principios de abril, dirigido a los más de 550 mil deudores morosos cuyo pasivo total alcanzó los $4 billones en 2025, multiplicándose por ocho respecto de 2018. La estrategia segmenta a los morosos según ingresos: para quienes superan los $5 millones mensuales, la Tesorería avanza con juicios ejecutivos; para el resto, ofrece convenios de pago.

Contexto de deuda explosiva

El CAE, creado en 2006, permitió a miles de estudiantes acceder a la educación superior con garantía estatal. Cuando el beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con el banco y luego intenta recuperar el dinero. La deuda morosa se disparó en los últimos años, en parte por la crisis económica postpandemia y la inflación, pero también por la percepción de que el Estado no cobraría con rigor.

El gobierno de José Antonio Kast ha puesto el acento en la recuperación de recursos fiscales, y el Ministerio de Educación Superior, junto a la Tesorería, lanzó una ofensiva comunicacional y legal para forzar el pago. A mediados de marzo, el ministro de Hacienda, Felipe Quiroz, acusó un “fraude social” y advirtió que se usarían “todas las herramientas” para cobrar.

El dictamen de la Contraloría otorga ahora respaldo legal a esa estrategia, al confirmar que la Tesorería no solo puede, sino que debe cobrar por la vía administrativa, con las facultades que otorga el Código Tributario, como retenciones de impuestos y embargos de cuentas bancarias.

Reacción del exdiputado solicitante

Miguel Mellado, quien fuera diputado de RN y hoy está fuera del Congreso, valoró el pronunciamiento. “Era necesario clarificar el marco legal para que el Estado actúe con firmeza en la recuperación de estos recursos, que son de todos los chilenos”, dijo a través de su equipo. Agregó que espera que la auditoría se concrete “para asegurar que el cobro se haga con criterios de equidad y sin arbitrariedades”.

Impacto en los deudores

Para los morosos, el dictamen implica que la Tesorería puede avanzar más rápido y con mayor poder de coerción. Quienes tienen ingresos altos ya enfrentan demandas ejecutivas; los de menores recursos pueden suscribir convenios de pago, pero si no lo hacen, la TGR podrá embargar bienes y retener devoluciones de impuestos.

Organizaciones de deudores han criticado la política, argumentando que muchos morosos están desempleados o subempleados, y que el Estado debería priorizar una reestructuración con condonaciones parciales antes que la cobranza agresiva. El gobierno ha descartado esa opción, señalando que el CAE es un crédito y no una beca, y que su impago afecta la sostenibilidad del sistema de financiamiento estudiantil.

Próximos pasos

La Tesorería continuará con su plan de cobro, ahora con el aval explícito de la Contraloría. Paralelamente, la entidad fiscalizadora decidirá en los próximos meses si incluye una auditoría específica sobre las acciones de cobranza del CAE en su programación anual.

Mientras, los más de 550 mil morosos recibirán notificaciones de la TGR, con la advertencia de que el Estado ya no solo puede, sino que debe ir tras su deuda, con todas las herramientas legales a su disposición.

Fuente: Contraloría General de la República, dictamen 7 de abril de 2026.