La Corte de Apelaciones de Santiago publicó la sentencia íntegra que rechazó el desafuero de Claudio Orrego y sostuvo que la Fiscalía no expuso con suficiente claridad la conducta concreta que justificaría imputarle delitos en la arista vinculada al caso Procultura.

La decisión ya había sido comunicada semanas atrás, pero ahora el fallo completo permite ver con más detalle el reproche del tribunal a la presentación del Ministerio Público. El punto central es que la Corte no solo descartó formar causa contra el gobernador regional metropolitano, sino que además cuestionó la precisión jurídica del requerimiento fiscal.

Según la resolución, la solicitud no logró establecer de manera concreta cuál era la conducta atribuida a Orrego que configuraría los delitos invocados. En particular, la Corte advirtió que la exposición fiscal describía irregularidades y antecedentes generales, pero sin aterrizar de forma clara una maquinación fraudulenta específica ni la intervención personal del gobernador en los hechos que se investigan.

El fallo también relativiza que eventuales negligencias administrativas o vínculos previos con personas relacionadas con Procultura basten por sí solos para configurar responsabilidad penal. Desde la perspectiva del tribunal, el estándar para levantar el fuero exige una imputación más precisa y antecedentes plausibles que permitan sostener la existencia de una conducta típicamente delictiva.

La publicación de la sentencia íntegra vuelve a tensionar a la Fiscalía en una causa de alta sensibilidad política, porque deja por escrito un cuestionamiento judicial al modo en que se construyó la solicitud de desafuero. Al mismo tiempo, le da a Orrego un respaldo judicial importante en una etapa clave del caso.

Más allá del desenlace puntual, el episodio vuelve a abrir una discusión más amplia sobre la calidad de las presentaciones del Ministerio Público en causas complejas y políticamente expuestas. Cuando el tribunal reprocha falta de claridad en la imputación, lo que queda en entredicho no es solo una estrategia procesal, sino la solidez misma del sustento penal presentado.

Fuente: Poder Judicial de Chile, sentencia íntegra de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre rechazo del desafuero de Claudio Orrego, difundida el 10 de abril de 2026.