La Contraloría General de la República declaró ilegal el nombramiento de Tomás Fuentes Barros como director de Desarrollo Comunitario de Ñuñoa y golpeó de lleno a la gestión de Sebastián Sichel, que respondió con sumarios internos para establecer responsabilidades.

El pronunciamiento del organismo fiscalizador sostiene que la designación no se ajustó a derecho porque Fuentes mantenía una inhabilidad judicial vigente para ejercer cargos públicos al momento de asumir el puesto. Con eso, el caso dejó de ser una controversia política y pasó a convertirse en un problema formal de legalidad y probidad dentro del municipio.

La discusión se abrió después de que el exadministrador municipal saliera de su cargo en medio de cuestionamientos y fuera reubicado como Dideco. Contraloría concluyó que ese nuevo nombramiento carecía de base legal y advirtió, además, que la omisión de antecedentes relevantes al asumir podría comprometer el deber de probidad administrativa.

Qué observó Contraloría

Según el dictamen difundido esta semana, Fuentes estaba afecto a una inhabilidad judicial vigente derivada de una condena previa, por lo que no cumplía uno de los requisitos exigidos para ingresar al cargo. La regla está contenida en el artículo 10 de la ley N° 18.883, que fija el estatuto administrativo de los funcionarios municipales.

El punto más delicado para el municipio es que el reparo no se limita a una formalidad. Si un funcionario no estaba habilitado para ser nombrado, la designación queda expuesta como un acto contrario a derecho y abre un flanco de responsabilidad para quienes visaron el proceso.

La respuesta de Sichel

Tras conocerse la resolución, el alcalde Sebastián Sichel informó la instrucción de sumarios para determinar responsabilidades tanto del propio Fuentes como de los funcionarios que certificaron que cumplía los requisitos para asumir. El municipio, además, anunció gestiones para revisar el alcance del pronunciamiento.

La señal política es incómoda para la administración comunal porque el episodio instala dudas sobre los controles internos en un cargo especialmente sensible, ligado a la relación cotidiana del municipio con organizaciones sociales, ayudas y programas comunitarios.

Más allá de la disputa pública, el caso deja una conclusión inmediata: cuando el reproche viene firmado por Contraloría, el margen para defender la decisión se estrecha y el costo ya no recae solo en el funcionario cuestionado, sino en toda la cadena que permitió su nombramiento.

Fuente: Contraloría General de la República; Ley N° 18.883 (BCN); Municipalidad de Ñuñoa.