La Contraloría detectó que 168.411 cédulas y pasaportes se entregaron fuera de plazo tras la puesta en marcha del nuevo sistema de identificación del Registro Civil, y que el Estado pagó $2.478 millones por 436 puestos de trabajo que nunca fueron habilitados.

El hallazgo quedó consignado en el Informe Final N°264/2025, que revisó la implementación del sistema entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. En ese período se hicieron más de 1,2 millones de solicitudes de cédulas y pasaportes, con retrasos de entre 9 y 89 días hábiles en cerca del 17% de los casos.

La auditoría también detectó una acumulación de más de 218 mil solicitudes pendientes, algunas con hasta 133 días de atraso. A eso se sumaron fallas operativas en las primeras semanas del sistema, con documentos entregados sin activación, abreviaciones erróneas e incluso cédulas de recién nacidos que aparecían con profesiones incorporadas.

Contraloría añadió que la mesa de ayuda recibió más de 41 mil solicitudes de soporte entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, en medio de una operación que no logró absorber todos los requerimientos ni registrar adecuadamente los incidentes.

El informe también cuestionó la ejecución contractual. Según el organismo, el sistema no estaba integrado con Transbank, lo que dejó inoperativos dispositivos de pago en oficinas del servicio y obligó a implementar soluciones de contingencia. Además, el Registro Civil pagó por 1.270 estaciones de trabajo, aunque 436 no fueron habilitadas, lo que derivó en un desembolso observado de $2.478 millones por servicios no prestados.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría instruyó iniciar un sumario y activar el cobro de multas por $3.393.192.012 a la empresa responsable. Si ese cobro no se acredita, advirtió que reparará las sumas para perseguir la recuperación de los fondos.

El caso combina impacto cotidiano y falla institucional. Miles de personas quedaron esperando documentos básicos para viajar, hacer trámites o acreditar identidad, mientras el Estado asumía costos por prestaciones que no se materializaron.

Cuando una crisis técnica deriva en cédulas con errores, atrasos masivos y pagos por puestos inexistentes, el problema deja de ser solo informático. Pasa a ser una falla de gestión pública con efectos directos sobre los usuarios y el erario.

Fuente: Contraloría General de la República, Informe Final N°264/2025 sobre el nuevo sistema de identificación del Registro Civil.