La nueva ley de convivencia educativa permite instalar detectores de metales en colegios bajo ciertas condiciones, pero especialistas advierten que la medida no aborda el problema de fondo detrás de la violencia escolar.

El debate volvió a tomar fuerza después de episodios recientes en establecimientos educacionales y de la presión política por reforzar controles de ingreso. Sin embargo, expertos consultados en el debate público sostienen que estos dispositivos pueden detectar objetos, pero no resuelven factores como deterioro de la convivencia, abandono institucional, conflictos acumulados ni problemas de salud mental.

La legislación publicada este mes habilita su uso cuando existan antecedentes fundados, acuerdo de la comunidad educativa y protocolos que resguarden derechos como la no discriminación, la privacidad y la honra de los estudiantes. También exige regulación posterior por parte de Educación y Seguridad.

El punto crítico es que la herramienta tecnológica puede operar como contención física, pero no como política integral. Cuando el foco se desplaza por completo al control del acceso, el riesgo es reducir una crisis compleja a una solución visualmente potente pero estructuralmente insuficiente.

La discusión no es solo si los pórticos sirven o no en casos acotados, sino qué tipo de respuesta pública se privilegia frente a la violencia escolar. Si la urgencia deriva en medidas que exhiben control, pero no fortalecen salud mental, equipos de convivencia, intervención temprana y apoyo comunitario, el sistema puede terminar reaccionando a los síntomas sin tocar las causas.

En ese sentido, la controversia revela un dilema más amplio de política pública: cuánto de la agenda de seguridad en colegios se está pensando como prevención real y cuánto como señal política de orden.

Fuente: Ley N° 21.809 sobre convivencia educativa y debate público del 10 de abril de 2026 sobre detectores de metales y violencia escolar.