La Contraloría Regional de Magallanes denunció ante la Fiscalía un intento de fraude detectado en Punta Arenas, luego de que circulara un documento falso que simulaba ser una resolución oficial para cobrar una supuesta multa.

Según informó el organismo, el caso se conoció cuando una persona acudió a la sede regional para consultar por un pago exigido en un escrito que aparentaba haber sido emitido por la institución y que aludía a una presunta infracción aduanera.

Tras revisar el antecedente, la Contraloría concluyó que se trataba de un documento falso. Entre las inconsistencias detectadas, detalló que el texto incluía cargos inexistentes, materias ajenas a sus atribuciones y uso indebido de imágenes institucionales. También advirtió que se utilizó de manera irregular un código vinculado a un documento real, aunque sin relación con los hechos descritos en el papel apócrifo.

Con esos antecedentes, la institución presentó el jueves 9 de abril una denuncia ante el Ministerio Público por hechos que podrían constituir falsificación de instrumento público.

El organismo recordó que sus documentos oficiales cuentan con firma electrónica avanzada y código QR para verificar autenticidad y contenido. Por eso llamó a desconfiar de escritos que no tengan firma digital verificable, carezcan de código QR o presenten información inconsistente sobre supuestas autoridades o cargos internos.

La Contraloría recomendó además no realizar pagos ni entregar datos personales frente a solicitudes dudosas y verificar siempre la autenticidad de los documentos a través de sus canales oficiales.

El caso vuelve a poner presión sobre los mecanismos de validación documental en trámites sensibles. Cuando un escrito falso logra simular una resolución pública para exigir dinero, el daño potencial no es solo económico. También compromete la fe pública y la confianza de los usuarios frente a instituciones que deben dar certeza.

Fuente: Contraloría General de la República, comunicado “Contraloría denuncia ante la Fiscalía intento de fraude por falsificación de instrumento público” (9 de abril de 2026).