El Gobierno firmó dos proyectos de ley para endurecer las sanciones por delitos cometidos en comunidades escolares y permitir que los colegios regulen la revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes bajo reglas acotadas.

La firma fue encabezada por el presidente José Antonio Kast junto a las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, además del ministro de Justicia, Fernando Rabat. La medida llega después de una seguidilla de hechos de violencia escolar que empujó al Ejecutivo a combinar herramientas penales y preventivas.

El primero de los textos, denominado Proyecto de Ley de Nuevas Circunstancias Agravantes, modifica el Código Penal para elevar las penas cuando los delitos se cometan contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, tanto dentro de los establecimientos como en actividades vinculadas a ellos. También incorpora agravantes por delitos contra la propiedad en recintos educacionales.

El segundo, llamado Proyecto de Ley de Revisión de Especies Estudiantiles, modifica la Ley General de Educación para que cada establecimiento pueda regular en su reglamento interno la revisión de mochilas y pertenencias. Según la presentación oficial, esa facultad no podrá incluir contacto físico, revisiones corporales ni procedimientos forzosos. Si un alumno se niega, el hecho deberá informarse a su apoderado.

La iniciativa también contempla cambios al Código Procesal Penal para permitir que Carabineros y la PDI realicen registros en establecimientos educacionales cuando existan indicios de delito. El detalle de esa aplicación quedará ahora sujeto a la discusión legislativa en el Congreso.

Un giro punitivo y preventivo a la vez

El paquete busca responder a una preocupación que dejó de ser episódica y pasó a instalarse como problema estructural en parte del sistema escolar. El Ejecutivo apuesta a reforzar la persecución penal cuando la violencia ya ocurrió, pero también a abrir una vía de control preventivo dentro de los colegios.

La discusión política, sin embargo, recién comienza. La revisión de mochilas toca una zona sensible porque enfrenta la exigencia de seguridad con los límites que impone la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, el texto oficial subraya que no habrá registros corporales ni uso de fuerza.

Por ahora, lo concreto es que el Gobierno ya definió su línea: más atribuciones para prevenir el ingreso de elementos peligrosos y penas más duras cuando la violencia golpea a la comunidad educativa.

Fuentes: Ministerio de Seguridad Pública, comunicado sobre firma de proyectos para reforzar la seguridad en colegios (7 de abril de 2026); cuenta oficial del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en X (7 de abril de 2026).