La contralora Dorothy Pérez anunció que la fiscalización de beneficios sociales será una de las prioridades del organismo en 2026, con foco en subsidios otorgados a personas que no cumplen los requisitos o que ya no viven en Chile.

El anuncio lo hizo el 1 de abril durante el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Allí, Pérez explicó que el objetivo es asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan.

Como ejemplo de las irregularidades que se buscan corregir, la contralora mencionó subsidios de arriendo entregados a personas que tienen propiedades o que ya no residen en el país.

Qué revisará la Contraloría

El plan de fiscalización abarcará el universo de beneficios sociales del Estado: bonos, subsidios habitacionales, transferencias monetarias y otros beneficios cuya correcta asignación depende de que los beneficiarios cumplan con criterios de elegibilidad establecidos por ley.

La Contraloría verificará que esos criterios se apliquen correctamente y que los fondos no lleguen a personas que no los necesitan o que directamente los obtuvieron de forma irregular.

Contexto

El anuncio se enmarca en las prioridades que el organismo contralor ha trazado para el año, que incluyen también el control de programas de infancia y migración. La fiscalización de beneficios sociales tiene una dimensión política sensible: implica revisar programas que administran distintas reparticiones del Estado y que involucran a millones de beneficiarios.

Fuente: Contraloría General de la República, conversatorio Universidad de los Andes (1 de abril de 2026)