Chile tiene desde este jueves una nueva unidad del Ministerio Público dedicada a perseguir delitos que cruzan fronteras regionales. La Fiscalía Supraterritorial inició formalmente sus funciones con la investidura de Miguel Ángel Orellana Pérez como su primer fiscal jefe, en una ceremonia encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia en Santiago.

La nueva estructura fue diseñada para dirigir investigaciones de alta complejidad que ya no encajan en la lógica fragmentada de fiscalías regionales aisladas. Su foco estará en organizaciones delictivas que operan a escala interregional o transnacional: el Ministerio Público quiere poder seguir redes completas, no perseguir sus delitos por partes según en qué región ocurran.

La unidad tendrá sede en Santiago y competencia nacional. Orellana subrayó en la ceremonia que no viene a reemplazar a las fiscalías regionales, sino a complementarlas: su trabajo estará coordinado con los sistemas de análisis criminal y con la estructura territorial existente, además de con organismos policiales e internacionales.

Según las autoridades, entre las funciones de la nueva fiscalía se cuentan coordinar investigaciones complejas a escala nacional, reforzar el uso de inteligencia y análisis criminal, articular trabajo con policías y organismos públicos, y apoyar causas con ramificaciones en más de una región o fuera del país.

La entrada en marcha de la Fiscalía Supraterritorial se produce junto con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, publicada el miércoles en el Diario Oficial. Según el Ministerio de Justicia, la normativa permitirá incorporar más de 200 nuevos fiscales durante este año, reforzar la atención a víctimas y testigos, y mejorar la distribución territorial de recursos.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que la ley entrega herramientas para enfrentar delitos “cada vez más sofisticados” y señaló que la Fiscalía Supraterritorial será una pieza clave contra organizaciones que operan sin respetar límites administrativos.

La creación de esta fiscalía fue aprobada en 2025. Su entrada en vigencia quedó fijada para el 2 de abril de 2026, fecha que el propio Orellana Pérez había sido designado como encargado de los actos preparatorios desde enero.

Fuente: Ministerio Público de Chile; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos