Santiago. La Contraloría General de la República emitió un instructivo que endurece las exigencias de probidad para los ministros de José Antonio Kast, con advertencia de multas, destitución por incumplimiento y test de drogas periódicos con resultados públicos.

El documento —Instructivo N° IN14/2026, fechado el 27 de marzo— fija reglas sobre conflictos de interés, declaraciones patrimoniales, administración de bienes, lobby, agenda pública y prescindencia política. La Contraloría advierte que las autoridades deben actuar “con apego a la legalidad” y privilegiar “siempre el interés público por sobre el particular”.

Conflictos de interés, incluso potenciales

Uno de los puntos centrales es el deber de abstención. Los ministros no pueden intervenir en decisiones cuando existan conflictos de interés, aunque sean solo potenciales. La Contraloría advirtió que la reiteración de estas situaciones podría afectar el ejercicio del cargo y generar observaciones al acto de designación.

Declaración patrimonial: multas y eventual destitución

El instructivo recuerda que los ministros deben presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) dentro de los 30 días posteriores al nombramiento, actualizarla cada marzo y mantenerla publicada en los sitios institucionales.

La Contraloría fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones. Los incumplimientos pueden derivar en multas económicas y, en casos graves o reiterados, en destitución por falta a la probidad administrativa.

Venta de bienes e inversiones

El documento también fija plazos para que los ministros traspasen la administración de activos financieros a terceros o vendan participaciones en empresas proveedoras del Estado, concesionarias o sujetas a regulación, cuando exista relación directa con las funciones de su cartera.

Lobby, agenda pública y prescindencia política

La Contraloría reforzó el cumplimiento de la Ley de Lobby: los ministros deben mantener actualizados sus registros de agenda pública —audiencias, reuniones, viajes oficiales y donativos protocolares— y publicarlos mensualmente en formatos de datos abiertos.

El instructivo reitera también la prohibición de realizar actividades políticas contingentes dentro de dependencias públicas o con recursos del Estado.

Test de drogas obligatorios y públicos

En su parte final, el organismo subraya una exigencia ya vigente: la obligación de someterse periódicamente a exámenes de detección de consumo de drogas, con resultados públicos. La ley que extiende esta obligación a ministros, subsecretarios y autoridades regionales fue aprobada en enero de 2026.

La Contraloría cerró el instructivo advirtiendo que su observancia será fiscalizada conforme a las atribuciones legales del organismo.

Fuente: Contraloría General de la República, Instructivo N° IN14/2026 (27 de marzo de 2026)