El diputado PS Raúl Leiva ofició al órgano contralor para que determine si el requerimiento de la ministra de Seguridad, enviado a 48 horas de asumir el cargo, vulnera el secreto de la investigación penal y la ley del ministerio.

La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, deberá pronunciarse sobre la legalidad de un oficio reservado que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, envió a la Policía de Investigaciones (PDI) en los primeros días de su gestión.

La acción fue promovida por el diputado socialista Raúl Leiva, quien solicitó al órgano contralor que determine si la actuación de Steinert se ajusta a derecho o si constituyó un exceso de sus facultades legales.

El oficio reservado

El documento en cuestión es el oficio N°28, fechado el 13 de marzo —apenas 48 horas después de que Steinert asumiera el cargo—, mediante el cual la ministra solicitó a la PDI información detallada sobre los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”.

Entre los antecedentes pedidos figuraban la identificación completa de los funcionarios, sus traslados y destinaciones, y eventuales antecedentes disciplinarios o penales.

El oficio, inicialmente reservado, fue revelado por Radio Biobío.

La controversia: ¿conflicto de interés?

El diputado Leiva argumenta que el requerimiento podría vulnerar restricciones legales cuando se trata de investigaciones penales en curso, ya que la ley del Ministerio de Seguridad prohíbe pedir información que afecte el desarrollo de diligencias investigativas o que exponga datos sensibles sobre funcionarios involucrados.

El parlamentario agrega que Steinert solicitó información “en bruto” en lugar de informes consolidados, lo que contravendría el diseño legal establecido para estos casos.

El elemento más sensible es el rol previo de la ministra: antes de asumir el cargo, Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, precisamente la región donde se desarrolla la investigación del Clan Chen. Esto abre interrogantes sobre un eventual conflicto de interés.

Antecedentes del caso Steinert

La ministra acumula cuestionamientos desde el inicio del gobierno de Kast. Ya enfrenta la polémica por haber autorizado la licencia médica de su asesor Chambi mientras este realizaba un viaje al extranjero —hecho que también está bajo revisión de la Contraloría—, y la controversia por el llamado a retiro de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

La revisión del oficio al director de la PDI podría marcar un precedente sobre el alcance de las facultades del nuevo Ministerio de Seguridad frente a investigaciones penales en curso, y eventualmente derivar en procedimientos administrativos.

Contraloría tiene un plazo establecido para pronunciarse sobre la solicitud.

El Vigilante monitorea el avance de esta investigación.