La entidad fiscalizadora constató que el nuevo sistema de emisión de documentos falló en múltiples flancos. Instruyó un sumario y ordenó cobrar millonarias sanciones al contratista.

La Contraloría General de la República publicó este viernes los resultados de una auditoría que reveló graves deficiencias en el nuevo sistema informático del Servicio de Registro Civil e Identificación, implementado para la emisión de cédulas de identidad y pasaportes. El organismo, que encabeza Dorothy Pérez, instruyó la apertura de un sumario y ordenó cobrar $3.393 millones en multas a la empresa responsable del sistema.

Recién nacidos con profesiones

Entre los problemas más llamativos detectados, la Contraloría verificó la emisión de cédulas de recién nacidos que registraban profesiones. Un caso extremo: un documento de un bebé que aparecía con dos profesiones asignadas. También se identificaron adultos cuyas cédulas consignaban profesiones que no corresponden a su situación real.

218 mil solicitudes en mora

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, se recibieron más de 1,2 millones de solicitudes de documentos. De ese total, 168.411 fueron entregadas fuera de plazo, lo que equivale al 17% del volumen. Los retrasos fluctuaron entre 9 y 89 días hábiles.

La acumulación llegó a superar las 218 mil solicitudes pendientes, con algunos casos que acumulaban hasta 133 días de atraso.

Colapso del sistema de soporte

Ante las fallas, los funcionarios del Registro Civil saturaron la plataforma de soporte técnico: se registraron más de 41 mil solicitudes a la mesa de ayuda en el período auditado, lo que “generó un colapso de la plataforma, la que no pudo abarcar la totalidad de las llamadas ni el registro de los requerimientos durante las primeras semanas de explotación”, señaló la Contraloría.

Pagos por servicios nunca prestados

La auditoría también detectó irregularidades financieras. El contrato contemplaba la habilitación de 1.270 estaciones de trabajo, pero 436 de ellas nunca fueron puestas en funcionamiento. Sin embargo, el Registro Civil pagó igual: el desembolso por servicios no prestados ascendió a $2.478 millones.

Sin integración con Transbank

El sistema tampoco estaba integrado con Transbank, lo que dejó inoperativos los dispositivos de pago Pinpad en cientos de oficinas en todo el país. Esto obligó al organismo a contratar equipos de contingencia, generando gastos adicionales no presupuestados.

Sumario y cobro de multas

Frente a la magnitud de las fallas, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario. Además, ordenó al Registro Civil iniciar el cobro de $3.393.192.012 en multas por incumplimientos contractuales, en un plazo de 60 días hábiles. En caso de no acreditar ese cobro, el organismo fiscalizador hará la reparación correspondiente para recuperar esos fondos.

El organismo subrayó que las deficiencias detectadas incluyeron, además, la ausencia de planes formales de supervisión y debilidades de control interno.

Fuente: Informe de auditoría Contraloría General de la República, publicado el 27 de marzo de 2026.