Nueva York, 26 de marzo de 2026. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron este jueves ante un tribunal federal de Nueva York en su segunda audiencia desde que fueran capturados en Caracas el 3 de enero de 2026. La sesión giró no en torno a los cargos penales —narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas— sino a una pregunta más inmediata: ¿quién paga la defensa de un exmandatario sancionado?
Los abogados de Maduro argumentaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela bloquean el acceso a los fondos del gobierno venezolano para costear su representación legal, lo que a su juicio viola su derecho constitucional a una defensa adecuada. La fiscalía se opone: usar dineros vinculados a un gobierno sancionado para financiar su propia defensa es, en su criterio, inadmisible.
La acusación es monumental. Maduro —junto a otros altos funcionarios del régimen— enfrenta cargos por conspirar durante más de 25 años con grupos guerrilleros colombianos para traficar miles de toneladas de coca cocaína hacia Estados Unidos, en lo que los fiscales llaman una conspiración de narcoterrorismo a escala de Estado. En su primera comparecencia, el 5 de enero, Maduro se declaró inocente y se identificó como “prisionero de guerra”.
Expertos legales estiman que el juicio —por su complejidad y su dimensión geopolítica— podría tardar entre uno y dos años en comenzar.
Fuentes: The Guardian, Univision, Cadena SER, Pauta, Sentdefender