El gobierno prepara multas de hasta 200 UTM y penas de cárcel para empleadores que contraten extranjeros sin papeles. El 89% de los chilenos apoya fiscalizar a las empresas. Y el director del SERMIG ya anunció operativos conjuntos con la PDI, el SII y la Dirección del Trabajo.

Dos semanas después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast ya está cambiando el comportamiento de las empresas chilenas. Sin que ninguna ley haya sido aprobada aún, varios empleadores han comenzado a revisar la situación migratoria de sus trabajadores extranjeros ante el temor de sanciones que se anuncian como inminentes.

El proyecto que viene

El gobierno está impulsando un proyecto de ley —originalmente presentado por diputados de Renovación Nacional en abril de 2024— que tipifica como delito la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar. Las penas propuestas: entre 61 días y cinco años y un día de cárcel para los empleadores, más multas de 21 a 50 UTM por trabajador (entre $1,4 y $3,5 millones de pesos).

El director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum —quien firmó el proyecto— anunció operativos conjuntos entre su servicio, la PDI, el SII y la Dirección del Trabajo para fiscalizar el empleo informal e irregular. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió en marzo con senadores de RN y comprometió el análisis del proyecto para buscar respaldo del ejecutivo.

La ley vigente ya contempla multas de entre 1 y 200 UTM por trabajador irregular. El proyecto nuevo agrega el componente penal.

Lo que Bloomberg identificó

El reportaje de Bloomberg, publicado este lunes, apunta a un fenómeno que aún no tiene cobertura local suficiente: el efecto preventivo sobre las empresas. Antes de que la ley cambie, los empleadores están revisando sus nóminas. Algunos ya están terminando contratos o pausando contrataciones de trabajadores migrantes sin papeles en regla, anticipando fiscalizaciones.

Es el mismo efecto que ocurrió en Estados Unidos con las políticas de la administración Trump: las deportaciones no son el único mecanismo — la amenaza de sanciones a empleadores cambia el mercado laboral antes de que llegue ningún inspector.

Los números detrás de la política

Chile tiene una de las mayores proporciones de población migrante de América Latina. Bajo el gobierno anterior, un proceso de empadronamiento voluntario recabó datos de más de 180.000 personas en situación irregular. La exministra Carolina Tohá advirtió que, si el gobierno de Kast no emite un decreto de regularización, esos datos podrían usarse para facilitar expulsiones.

El respaldo ciudadano es contundente: una encuesta de marzo de 2026 muestra que el 89% de los chilenos apoya fiscalizar y sancionar a los empleadores que contraten extranjeros irregulares, y el 77% respalda un endurecimiento general de las regulaciones migratorias.

El Plan Escudo Fronterizo —muros, zanjas de tres metros, cercos electrificados, drones, 3.000 efectivos en el norte— está en marcha. La cara visible de la política es la frontera. El efecto silencioso está en las nóminas de las empresas.

Fuentes: Bloomberg, Ex-Ante, Emol, La Tercera, SERMIG, Dirección del Trabajo, Radio Universidad de Chile.