Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 910 servidores públicos de 371 instituciones del Estado apostaron más de $11.490 millones en casinos entre 2024 y 2025, pese a tener una prohibición legal explícita. Entre ellos hay funcionarios de Carabineros, la PDI, la Tesorería y decenas de municipios.

La Contraloría General de la República (CGR) cruzó dos bases de datos y encontró un problema mayúsculo: 910 funcionarios públicos que tienen prohibición legal de apostar —porque administran o custodian fondos del Estado— estaban registrados como clientes habituales de casinos de juego.

El informe CIC N°20 del organismo contralor revela que estos servidores públicos, pertenecientes a 371 entidades estatales, realizaron transacciones en casinos por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025. La norma es clara: el artículo 10, letra b, de la Ley 19.995 prohíbe a quienes administren o custodien fondos públicos efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

Los montos son alarmantes

Lo que más llama la atención no es la cantidad de funcionarios sino las cifras individuales: 181 personas concentran el 96,8% del monto total transado —equivalente a $11.118 millones— con casos particulares que superan los $1.000 millones apostados, cantidades que, según la Contraloría, “no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”.

Entre los 20 mayores montos transados —que suman más de $5.392 millones— se encuentran funcionarios en cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos de instituciones como Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y diversas municipalidades del país.

Qué sigue

La CGR anunció que remitirá el listado completo de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades sancionatorias. Paralelamente, enviará los antecedentes a las instituciones y municipios involucrados para que inicien sumarios administrativos, y derivará el caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales que correspondan.

En Osorno, uno de los casos regionales más llamativos, el municipio detectó a 14 de sus funcionarios con transacciones que superan los $292 millones. El alcalde Jaime Bertín informó que esperan la documentación formal de Contraloría para proceder con las medidas disciplinarias.

Fuentes: El Mostrador, Contraloría General de la República (CIC N°20), BioBioChile.